En una denuncia publicada por El Cronista.co, Marucelly Solarte solicita protección para ella y su hija, tras la decisión judicial que dejó en libertad a su presunto agresor y expareja, Harold Nicolás Betancur Zabala, quien enfrenta un proceso por tentativa de feminicidio en su contra.

Un caso que recuerda al de Diana Milena Carrero, asesinada el 21 de diciembre de 2025. En ese proceso, el presunto responsable, quien era su pareja, Diego Estrada, recibió el 3 de febrero de 2026 la sustitución de la medida de aseguramiento intramural por detención domiciliaria, decisión adoptada por el Juzgado Quinto Penal con Función de Control de Garantías.

La Fiscalía le imputó los delitos de feminicidio y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, cargos que deberá enfrentar bajo la medida de casa por cárcel, situación que ha generado indignación en la familia de la víctima.

También está el caso de Sharit Ciro, la joven de 19 años asesinada el 8 de marzo de 2025. Por estos hechos fueron procesados Santiago Hurtado González y Brandon Andrés Archila Cruz, señalados como presuntos responsables del feminicidio.

Ambos recuperaron la libertad por vencimiento de términos el 22 de octubre de 2025, luego de que el Juzgado 17 de Control de Garantías de Ibagué les levantara la medida intramural. De acuerdo con la Fiscalía, los implicados confesaron el asalto, la agresión sexual y el feminicidio, y habrían involucrado a un tercer participante en los hechos.

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Asimismo, el feminicidio de Katherin Bocanegra, una mujer en estado de gestación que fue asesinada por su expareja, Julián Avellaneda, en el centro de Ibagué el 24 de febrero de 2024.

El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Ibagué condenó a Avellaneda Rojas a 503 meses de prisión. Sin embargo, antes de la sentencia, en septiembre de 2024, el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías autorizó una solicitud de libertad por vencimiento de términos presentada por su defensa. Hasta la fecha, y pese a la condena y a la orden de captura vigente, Avellaneda permanece prófugo.

Los familiares de las víctimas han denunciado presuntas fallas en las garantías dentro de los procesos judiciales. Afirman que la falta de celeridad en las actuaciones ha derivado en vencimientos de términos o en decisiones que consideran insuficientes frente a la gravedad de los hechos, lo que, constituye una revictimización y una afectación a la memoria de las mujeres víctimas de feminicidio en Ibagué.

El caso de Marucelly Solarte

En este contexto, el caso de Marucelly Solarte genera especial preocupación, ya que su presunto agresor, Betancur Zabala, continúa representando una amenaza real contra su integridad y la de su hija, incluso después de haber sido recapturado el mismo día en que fue puesto en libertad. La víctima ha interpuesto tres denuncias por hechos que incluyen violencia física, psicológica y acoso, de las cuales dos fueron archivadas, y asegura que las intimidaciones continuaron incluso mientras el procesado se encontraba privado de la libertad, lo que incrementa su temor por su vida y la de su hija.

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Desde El Cronista.co se plantea el interrogante sobre la eficacia de las medidas de protección y las garantías judiciales en estos casos.

El llamado se dirige a la Alcaldía de Ibagué para que active las rutas institucionales de atención y protección, recordando que el acceso a la justicia no solo depende del avance procesal, sino también de una respuesta integral que garantice la seguridad de las víctimas.

Asimismo, se exhorta a la Secretaría de la Mujer del Tolima a fortalecer su labor más allá del registro de denuncias y cifras, priorizando acciones de prevención y atención efectiva frente a las violencias contra las mujeres. La omisión o la falta de respuesta oportuna ante múltiples denuncias y expedientes que evidencian riesgo grave como el que enfrenta Marucelly y su hija, también puede configurar una forma de violencia institucional.

Esperamos que la justicia avance en los casos de Diana, Sharit, Katherine y Marucelly, quien nos recuerda que, pese a las denuncias y a la gravedad de los hechos, las VBG siguen siendo una problemática no abordada por los entes judiciales y las instituciones de Ibagué y el Tolima de la manera en la que merece.