La lánguida prórroga por 12 meses más del periodo de encargo de la rectoría de la Universidad del Tolima (UT), por escaso un voto de mayoría, es el pasaporte al dócil Ómar Mejía para continuar haciendo la campaña al senado del sobrino del gobernador Miguel Barreto.

Esta rocambolesca decisión promovida por el gobernador Óscar Barreto, en el Consejo Superior (CS) de la universidad, es la continuación del sainete que se inició el pasado 12 de septiembre de 2016, cuando al parecer y violando el Estatuto General universitario, la autonomía, la ley y sentencias judiciales, que no permiten encargos de funcionarios públicos por más de tres meses, se encargó rector por un año, en contravía a las advertencias y la constancia que dejó la representante del ministerio de Educación Raquel Díaz Ortiz (Acta No. 14 del CS de la misma fecha).  

Pero además, la ampliación del periodo inicial que era por un año, forma parte de la estrategia electorera que se le conoce y a la que nos tiene acostumbrando el polémico mandatario seccional Óscar Barreto. Así lo hizo en su periodo pasado (2008-2011) con los gerentes de los hospitales regionales a quienes mantuvo en calidad de encargados con el exclusivo fin de mantenerlos a su servicio, ya que era la forma más fácil de deshacerse de alguno de ellos si le resultaba incómodo a la causa política de su administración.

Ahora, que se inicia a fondo de la campaña para renovar el Congreso de la República y nada más saludable para el bienestar de la casa conservadora barretista que tener una persona de su entera confianza que continúe con el adoctrinamiento y sometimiento de la UT a los intereses de su campaña. Y Mejía, no solo ha demostrado servilismo a la divisa azul, sino que ha llegado a límites insospechables de comprometer la deuda histórica que tiene el departamento con la universidad, haciendo tratados y acuerdos por debajo de la mesa, condonando millonarios recursos y declarando a paz y salvo al departamento con las participaciones que le adeuda a la UT.  (Ver: El cheque de la fortuna de la gobernación a la UT: un verdadero engaño).

La raquítica votación que tuvo Mejía, en esta estratagema montada desde el decimo piso de la gobernación hace unos meses, para ampliar su periodo de encargo por un año más, fue de cuatro votos contra cinco. Votaron en contra el representante de las directivas académicas y el representante de los egresados, se abstuvieron de votar: el representante de la Presidencia de la República y el del ministerio de Educación; mientras que votaron a favor: obviamente la representante del Gobernador, Olga Lucia Alfonso, que es la voz cantante en el Consejo Superior de la UT, y a la que se inclina el rector (E), el representante de los estudiantes que tiene el periodo vencido hace varios meses, el representante de los profesores Alexander Martínez Rivillas, declarado persona no grata por las diversas organizaciones sindicales de la universidad por presuntos actos de esquirolaje, el representante de los gremios económicos y el representante de los exrectores.

Esta pírrica victoria, demuestra al interior del Consejo Superior de la UT, que existe un molestar por la forma poco clara como se está manejando la universidad, para convertirla en un directorio político de sótano, y además porque diversos estamentos universitarios consideran que se está violando los estatutos del alma mater y trasgrediendo la autonomía universitaria.

Se agrega a esto, el desconecto que produjo el descubrimiento del pacto clandestino entre el rector Mejía y Barreto, el gobernador no su candidato al Senado, donde se ponen en riesgo cerca de 65 mil millones de pesos, que el departamento históricamente adeuda a la UT por concepto de transferencias tal como se explica en la nota enlazada a este artículo más arriba.

El Acuerdo de "transición institucional" que viola la ley

Tanto el encargo por el periodo de un año, como el del alargue realizado a finales de la semana pasada por un periodo igual, como el acuerdo secreto del paz y salvo de la UT con el departamento, son temas que comenzaron a debatir y que terminaran en manos de la Procuraduría y la justicia. Pero hay algo más grave, la aprobación de un polémico Acuerdo "Por el cual se adopta un periodo de transición institucional para la Universidad del Tolima y se dicta otras disposiciones", que busca dilatar el nombramiento en propiedad del rector de la UT, según la constancia dejada por la representante del ministerio de Educación Nacional Raquel Díaz Ortiz, en la reunión citada al comienzo de esta que se realizó en el despacho del gobernador.

En efecto, la funcionaria del gobierno nacional con meridiana claridad, vota negativamente este encargo por un año, al considerar que: " (...) es violatorio de todo el marco legal que rige los encargos en los empleos de naturaleza pública". (Páginas 5, 6 y 7, acta No. 14, septiembre 12 de 2016, reunión Consejo Superior de la UT).

La representante del ministerio de Educación Nacional, ante el CS de la UT, hace un detallado análisis jurídico de las normas y sentencias sobre los encargos de funcionarios público, y manifiesta que estos por más de tres meses en un empleo público, viola los artículos 36, 35 y 36 del decreto 1950 de 1973, y concluye que el acto realizado por el Consejo Superior de la UT, al violar toda la normativa existente sobre la materia a través de un Acuerdo de supuesta institucionalización del la universidad, lo que está haciendo es "(...) apartarse del no cumplimiento de las obligaciones propias de la Ley y de los Estatutos, lo que implica una posible responsabilidad disciplinaria. En la medida que el Acuerdo busca dilatar el nombramiento en propiedad del Rector y establece un régimen especial no previsto en las normas constitucionales e internas de la Universidad del Tolima".  

(Ver: acta No. 14, septiembre 12 de 2016, reunión Consejo Superior de la UT)

Y como si estas advertencia fueran pocas, ahora cinco consejeros de la UT, nos repiten la dosis con 12 meses más de la mismo.

Por esta situación que cada día se profundiza más, diversos dirigentes y estamentos universitario comenzarán a llevar ante la Procuraduría, la jurisdicción administrativo, y en caso de haber dolo a la justicia penal, todo lo que está aconteciendo en el principal centro de educación superior del Tolima.