La Contraloría General de la República reveló una situación preocupante sobre la sostenibilidad financiera de las universidades públicas de Colombia, tras un estudio técnico que analizó el estado presupuestal, operativo y financiero de las 34 instituciones que conforman el Sistema Universitario Estatal (SUE). Explican que el 97% de las instituciones analizadas no logran sostener su operación con recursos autogenerados.

El informe, titulado “Sostenibilidad Financiera de las Universidades Públicas Colombianas (2019-2024)”, evaluó el sistema bajo los principios de eficiencia, equidad, autonomía financiera y sostenibilidad fiscal. Entre los principales hallazgos, la entidad alertó sobre una alta concentración de los recursos en solo cuatro universidades: la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la Universidad de Antioquia (UdeA) y la Universidad del Valle, que en conjunto concentran el 48 % de los ingresos de origen nacional y el 37 % de los ingresos territoriales.

De acuerdo con el estudio, la UNAL y la UNAD representaron el 36,3 % de los gastos y el 50 % de los costos del sistema a nivel nacional, mientras que en el ámbito territorial la UdeA y la Universidad del Valle concentraron el 36,4 % de los gastos y el 44,4 % del total del sistema.

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En materia de solvencia financiera, el 75,8 % de las instituciones de educación superior públicas (25 universidades) presentan indicadores iguales o superiores a 3, lo que evidencia una capacidad adecuada para respaldar sus obligaciones. Sin embargo, el 24,2 % restante, correspondiente a ocho universidades, registra niveles de solvencia inferiores, reflejando una menor capacidad de cobertura financiera.

Uno de los puntos más críticos señalados por la Contraloría es el pasivo pensional del sistema universitario público, que en 2024 alcanza los $10,3 billones. Este pasivo se encuentra altamente concentrado en la Universidad Nacional de Colombia, con $4,5 billones, y la Universidad del Valle, con $1,4 billones, que juntas representan el 57,8 % del total del pasivo pensional del SUE.

La consulta realizada a 31 universidades públicas reforzó los resultados del análisis cuantitativo, destacando problemáticas recurrentes como la insuficiencia de los aportes estatales, el crecimiento sostenido de los gastos de personal, la presión del pasivo pensional y las limitaciones para aumentar los ingresos propios.

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El informe también plantea la necesidad de modificar la Ley 30 de 1992 para permitir nuevas formas de financiamiento. Si bien reconoce que la Ley 212 de 2024 —aprobada en cuarto debate y pendiente de sanción presidencial— representa un avance significativo, la Contraloría advirtió sobre su impacto fiscal. Mientras el proyecto estima un costo de $22,1 billones para el periodo 2027-2040, el organismo de control calcula que el impacto real ascendería a $27,8 billones entre 2027 y 2036, al incluir el costo de mantener la base de $0,7 billones destinada a las instituciones técnicas. En ese sentido, subrayó que cualquier incremento en los recursos debe contar con fuentes de financiamiento claras, suficientes, verificables y sostenibles en el largo plazo.

Aunque el estudio reconoce avances en inversión, gestión presupuestal y diversificación de ingresos, concluye que persisten brechas significativas, desigualdades en la asignación de recursos, desbalances en la generación de ingresos propios y niveles críticos de endeudamiento.

Finalmente, la Contraloría General concluyó que la educación superior pública en Colombia enfrenta una desfinanciación estructural que compromete la sostenibilidad financiera de la mayoría de las universidades, por lo que considera necesario promover una reflexión de política pública que revise el modelo de financiación vigente y defina la ruta que debe asumir el Estado colombiano a la luz de la reciente reforma.