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Economía

Contraloría General evaluará recursos públicos que manejan Cámaras de Comercio

Contraloría General evaluará recursos públicos que manejan Cámaras de Comercio

Las 57 Cámaras de Comercio del país manejan recursos públicos por $1.1 billones.

La Contraloría General de la República realizará una evaluación de desempeño a las 57 Cámaras de Comercio del país, las cuales administran anualmente recursos públicos por $1.1 billones. De éstos, el 54% se concentra en las cámaras de Bogotá con el 34.3%, Medellín con el 13.3% y Cali con el 6.2%.

El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, anunció que el organismo de control a su cargo busca establecer el impacto de los recursos públicos ejecutados por las cámaras de comercio, que ascienden al $1.1 billones, en programas de formalización, empleo y promoción.

El Contralor informó que en los dos últimos años la Contraloría ha vigilado los recursos públicos que manejan 49 cámaras de comercio con un resultado de 34 hallazgos fiscales por más de $5.008 millones, relacionados con la adquisición y mantenimiento de propiedades, pagos de impuestos prediales y mal uso de recursos.

Según el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, para el máximo órgano de control “es importante evaluar si el impacto de la inversión del recurso público que anualmente se hace a través de estas entidades, se está traduciendo en mejorar la formalización de la micro, pequeña, mediana y gran empresa y si se está aportando a la formalización del empleo”.

Durante el reciente Congreso de Confecámaras 2024, el contralor general destacó el importante papel de las Cámaras en la descentralización y la reactivación económica y les hizo un llamado a aquellas con mayores ingresos a invertir el 30% de su recaudo por concepto de renovación de matrícula mercantil en la financiación de programas de reindustrialización de las microempresas de economía popular.

Los principales hallazgos encontrados hasta hoy tienen que ver con el uso de recursos públicos en la adquisición de edificaciones, sin la anotación pertinente en el registro de instrumentos públicos, el mantenimiento de bienes o pago de impuesto predial de propiedades privadas y el uso de los recursos públicos en actividades que no tienen nada que ver con las funciones asignadas de las Cámaras de Comercio.

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