La veeduría VAPI que ha venido haciendo seguimiento y denuncias permanentes sobre la calidad de las obras de los escenarios deportivos que se han construido en Ibagué durante los últimos años, acaba de hacer un nuevo y reiterativo pronunciamiento, en este caso sobre el Coliseo Menor de Ibagué.

En primer lugar, manifiesta VAPI que rechaza el hecho de haberse recibido las obras del Coliseo Menor de Ibagué, cuando presentaba “evidentes y graves falencias constructivas, funcionales y técnicas, las cuales no solo comprometen la calidad de la obra pública entregada, sino que podrían configurar un presunto detrimento patrimonial y una abierta transgresión a las especificaciones contractuales originalmente aprobadas”.

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Entre las fallas encontradas, VAPI refiere que hubo modificación inconsulta de especificaciones técnicas contractuales. “Se habrían ejecutado cambios sustanciales respecto de los diseños, materiales, acabados y condiciones inicialmente contratadas, sin que exista claridad pública sobre los soportes técnicos, administrativos y jurídicos que autorizaron tales modificaciones”.

Sostiene, también, que hubo alteración de fachadas y elementos arquitectónicos esenciales. “Parte de las fachadas del escenario fueron modificadas respecto del diseño inicialmente aprobado, afectando no solo la estética y coherencia arquitectónica del proyecto, sino generando dudas razonables sobre el cumplimiento de los parámetros técnicos y urbanísticos exigibles”.

Compromete el desempeño de los deportistas

Las fallas detectadas, asegura VAPI que hacen complejo que el escenario brinde las condiciones óptimas para su uso. “La obra presenta condiciones que comprometen su operatividad, usabilidad y desempeño, entre ellas situaciones que afectan directamente la práctica deportiva y la experiencia de usuarios y espectadores”.

Asevera la veeduría que recibir una obra con deficiencias evidentes, genera serios cuestionamientos sobre el rigor técnico, independencia y responsabilidad de la interventoría encargada de ejercer control y vigilancia.

Sobre el papel cumplido por la interventoría, VAPI afirma que esta “no puede convertirse en un simple legitimador documental de deficiencias constructivas. Su obligación legal y contractual era garantizar que la obra cumpliera estrictamente con las condiciones pactadas, la normatividad técnica aplicable y los estándares de calidad exigibles”.

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Finalmente, la veeduría reitera que “Los recursos públicos no pueden convertirse en monumentos a la improvisación, la complacencia técnica ni la ausencia de control. Recibir una obra con falencias radicales no constituye un simple error administrativo: constituye una actuación que merece el máximo escrutinio institucional”.

Concluye VAPI en su comunicado que “Cuando las evidencias de las fallas son visibles y aun así se recibe la obra, lo que queda comprometido no es solo una infraestructura pública, sino la credibilidad misma del sistema de control.”