En las últimas horas la nueva administración de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL) revocó la polémica licitación pública por más de $34.000 millones que habían dejado en marcha la exgerente Érika Palma, y la exsecretaria General, Magda Herrera, para el mejoramiento de vías a través del denominado ‘Combo 3x1’.

En la plataforma Secop II figura como cancelada la licitación que en su momento suscitó suspicacia por el posible direccionamiento que se estaría fraguando a favor de contratistas cercanos al exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado. Según los documentos que reposan en el Secop, las directivas del IBAL, en cabeza del nuevo gerente Roberto Santofimio, tomaron la decisión de tumbar la licitación por observaciones que le hizo la Procuraduría General de la Nación.

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Desde el pasado 23 de julio la Procuraduría le había solicitado al IBAL la revocatoria del proceso por incumplir los requisitos o condiciones referentes a la contratación de jóvenes y población de especial protección. Asimismo, le hizo ver la indebida aplicación de los pliegos tipo en el proceso.

De acuerdo con la Procuraduría, los pliegos de la licitación eran “ambiguos” y podían prestarse para la “especulación” durante la ejecución del contrato. Lo que hacía confuso el proceso en lo relacionado al anticipo y/o pago anticipado, aprobación presupuestal y forma de pago. Por tanto, consideró oportuno solicitar su revocatoria.

“En consecuencia, la ausencia y diligencia acuciosa de los anexos de los documentos tipo podrían obstruir la posibilidad de controversia de los interesados en el proceso dando paso a una posible vulneración en la selección objetiva de la mejor oferta para el desarrollo del proyecto”, arguyó el Ministerio Público, precisamente sobre un proceso en el que sonaron alarmas por un posible direccionamiento.

Esto, llevó a que IBAL revocara el proceso en la noche del pasado lunes 28 de julio. Sin embargo, según expone en el acta oficial, la entidad solo tuvo en cuenta el llamado de atención que le hizo la Procuraduría sobre la falta de fomento a la contratación de jóvenes entre los 18 y 28 años de edad. Los demás aspectos, como la ambigüedad que podría prestarse para otorgarle un jugoso anticipo al contratista ganador, fueron omitidos en la argumentación de la revocatoria.

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Versiones a las que tuvo acceso El Cronista.co, señalan que la nueva administración de Roberto Santofimio habría aprovechado la intervención de la Procuraduría para deshacerse de un cuestionado proceso que le habían dejado montado las alfiles con las que el exalcalde Hurtado ejercía dominio sobre el IBAL. Con la excusa de la solicitud de la Procuraduría, el nuevo gerente prefirió montar de nuevo el proceso para intentar purgarlo de las irregularidades cometidas por su antecesora.

Así, quedó truncado un proceso en el que han depositado sus esperanzas muchos sectores de Ibagué, que esperan con ansias el mejoramiento de sus derruidas vías. Se espera que en las próximas semanas el IBAL lance de nuevo la licitación pública y así puedan presentarse otra vez los 22 oferentes que lo hicieron en la primera ocasión.