El magistrado José Andrés Rojas, del Tribunal Administrativo del Tolima, decretó una medida cautelar contra las Entidades Promotoras de Salud (EPS) dentro del proceso de acción popular que interpuso la Gobernación para que las entidades paguen las deudas pendientes a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) del departamento.

La decisión fue adoptada tras la audiencia pública del martes 7 de octubre, en la que el magistrado concluyó que las medidas estaban debidamente sustentadas, al evidenciarse la posible vulneración de derechos colectivos como la prestación eficiente del servicio de salud, la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público.

“Se encuentran debidamente soportadas las medidas solicitadas, en tanto se discute la violación de varios derechos colectivos relacionados con la prestación eficiente y oportuna del servicio público de salud”, sostuvo el togado.

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Durante la intervención, el magistrado Rojas señaló que las deudas acumuladas por las EPS con las instituciones de la red hospitalaria del Tolima superan los $600.000 millones en el sector público y los $400.000 millones en el sector privado. Cifras reportadas en las plataformas oficiales del Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Nacional de Salud y la ADRES.

Además, el Tribunal ordenó a las EPS y a los demás operadores del sistema cumplir, en un plazo máximo de dos meses, los compromisos adquiridos en las mesas técnicas de la Circular 30, correspondientes al saneamiento de las carteras y al pago de obligaciones no glosadas de los años 2020, 2021 y anteriores. 

Estas medidas deberán garantizar que los créditos y recursos fluyan hacia las IPS, reduciendo así las deudas acumuladas.

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A la par, el magistrado dispuso que el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, la ADRES y la Superintendencia Nacional de Salud convoquen una mesa técnica nacional para definir los créditos que deben asumir los operadores del sistema, establecer un cuadro definitivo de obligaciones y garantizar el pago de al menos el 20 % de las deudas liquidadas con corte al 30 de junio del presente año.

Por su parte, la secretaria de Salud del Tolima, Katherine Rengifo, destacó que este fallo judicial representa un avance valioso en la protección de los derechos de los tolimenses, quienes requieren garantías en la prestación del servicio de salud.

“Con esta acción, de naturaleza constitucional y la medida cautelar decretada, se hace evidente que existe una gran preocupación que requiere intervención de las instituciones del Estado, pues la insuficiencia de flujo de recursos pone en riesgo la red pública y privada, y esa afectación debe ser prevenida mediante medidas contundentes que normalicen los pagos en mención”, sentenció la funcionaria.