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Alerta de la Defensoría del Pueblo por expansión de disidencias en tres municipios del Tolima
Imagen de referencia.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 029-2026 para advertir sobre los riesgos que enfrentan los habitantes de Rovira, San Antonio y Roncesvalles, en el departamento del Tolima. Según el documento oficial, la población civil de estas localidades está expuesta a vulneraciones de sus derechos y a infracciones contra las normas humanitarias. Esta situación se origina en el avance y la disputa por el control territorial entre tres facciones disidentes de las extintas Farc-Ep que operan bajo distintas comandancias en la región.
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El informe detalla la distribución geográfica de cada grupo armado dentro de los municipios señalados. En Rovira se registra la consolidación del frente Joaquín González, perteneciente al Estado Mayor de los Bloques y Frentes. Por su parte, en San Antonio hace presencia el frente Gerónimo Galeano, adscrito al Estado Mayor Central, mientras que en Roncesvalles avanza el frente 57 Yair Bermúdez, una estructura que opera de manera independiente y que se desplaza desde el departamento del Valle del Cauca.
Para dominar el territorio, estas organizaciones no recurren actualmente a combates directos entre sí, sino que aplican métodos de presión sobre las comunidades mediante pequeñas comisiones y redes de apoyo. Entre las prácticas documentadas por la entidad se encuentran las citaciones obligatorias a reuniones, la entrega de carnés para restringir la movilidad de los residentes, el cobro de extorsiones, el reclutamiento de personas y la imposición de reglas sobre el comercio, la producción agrícola y el transporte.
La investigación señala que las condiciones de vida en el campo aumentan la exposición de los habitantes frente a las exigencias de los grupos armados. Factores como la falta de recursos económicos en los hogares, el aislamiento geográfico, la existencia de pocas vías de comunicación y la concentración de los servicios estatales en los cascos urbanos limitan la capacidad de respuesta y protección de las comunidades frente a las presiones ilegales.
Dentro de los sectores más afectados por este panorama se encuentran los campesinos, las comunidades indígenas Pijao, los líderes comunales, los comerciantes, los transportadores, los productores agropecuarios, los funcionarios públicos y los menores de edad. El reporte también indica que las mujeres de las zonas rurales enfrentan peligros adicionales de amenazas, desplazamiento y agresiones debido a su dependencia económica, las labores de cuidado que desempeñan y las restricciones para movilizarse.
El organismo de control advierte que un eventual cambio en las jefaturas de estas facciones o el desarrollo de operativos de la fuerza pública podría desatar enfrentamientos armados directos. Este escenario derivaría en combates cerca de las viviendas, asesinatos selectivos, desplazamientos forzados, confinamientos de la población y la instalación de artefactos explosivos en caminos y puentes, lo que impediría el ingreso de misiones médicas e instituciones del Estado.
Para mitigar estos riesgos, la entidad entregó diecinueve recomendaciones dirigidas a distintas instituciones del orden nacional y regional. Al Ministerio de Defensa, el Ejército y la Policía les solicitó mantener tropas de forma permanente en las carreteras para frenar el avance de los grupos ilegales. Asimismo, pidió a la Gobernación del Tolima incrementar la inversión en los colegios para evitar el reclutamiento de estudiantes, al SENA fomentar el empleo formal para mujeres y jóvenes, a las alcaldías mejorar las vías rurales y al Ministerio de Justicia facilitar el acceso a sus servicios en el campo.
Para mayor información, puede descargar el documento gratuitamente a través del siguiente enlace: Alerta Temprana 029-2026
*Con información obtenida de la pagina web de la Defensoría del Pueblo. Defensoria.gov.co
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