Este martes 7 de octubre, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, entregó un balance preocupante sobre el sistema de salud en el departamento. Lo hizo en medio de la audiencia pública que hace parte del trámite de la acción popular que radicó la Gobernación ante el Tribunal Administrativo del Tolima, para intentar obligar a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) a pagar sus deudas con hospitales y clínicas.

De acuerdo con la mandataria, la cartera acumulada, que supera el billón de pesos, compromete la infraestructura hospitalaria y la estabilidad laboral del personal médico y administrativo.

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“Sin recursos no podemos garantizar la atención en los hospitales del Tolima. En el departamento esto constituye un factor crítico, sin duda alguna, de un riesgo financiero y operativo para el sistema de salud”, expresó la gobernadora ante el magistrado que preside la audiencia.

Matiz precisó que hospitales como el Federico Lleras Acosta atraviesan una situación crítica debido a la falta de recursos suficientes para pagar las nóminas y adquirir los insumos y medicamentos requeridos para la atención de los pacientes. De hecho, precisó que el Hospital todavía debe los sueldos de septiembre al personal de planta y desde mayo a los especialistas. 

“Así como no tenemos para pagar las nóminas, tampoco tenemos para pagar a los proveedores de insumos y medicamentos. Es una situación generalizada que estamos viviendo hoy en el departamento”, sostuvo.

La gobernadora, en su intervención, explicó que pese a las múltiples mesas técnicas realizadas con las EPS, no se han logrado acuerdos de pago ni desembolsos efectivos, lo que agrava el déficit financiero de la red pública y privada.

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“En las actas que hemos allegado con la acción popular se evidencia que no se consiguen sumas de dinero ni compromisos reales. Por el contrario, la cartera sigue aumentando año tras año en un promedio de doce mil millones de pesos”, puntualizó.

Ante este panorama, la mandataria solicitó una vez más al magistrado decretar una medida cautelar urgente que obligue a las EPS a cumplir con los giros pendientes y permita garantizar la continuidad de los servicios de salud.

“El llamado es a que se decrete esa medida cautelar, señor magistrado, porque de no hacerlo estaríamos poniendo en riesgo la prestación del servicio de salud a los tolimenses”, concluyó.