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Tolemaida en manos de “tierreros”: revelan corrupción y despojo en la base militar
La base militar de Tolemaida el centro de entrenamiento estratégico más grande de las Fuerzas Militares de Colombia.
Informes investigativos del Ministerio de Defensa dan cuenta de una grave situación de ocupación ilegal y despojo de predios militares entre Tolima y Cundinamarca, específicamente en el Fuerte Militar de Tolemaida, afectando áreas estratégicas de unidades como el Centro Nacional de Entrenamiento (CENAE) y la Escuela de Suboficiales “Sargento Inocencio Chincá”.
Lo denunciado por el Ministerio señala falta de control institucional, presuntos hechos de corrupción y deficiencias en la gestión jurídica, lo que habría permitido que colonos, particulares e incluso personas vinculadas a la institución militar realizaran negocios mediante el loteo ilegal de terrenos propiedad de la Nación.
El informe advierte que no se trata únicamente de asentamientos de personas de escasos recursos, sino también de viviendas de gran envergadura, casas de recreo con piscinas y actividades ganaderas desarrolladas dentro de predios militares.
Según el documento, en estos hechos participarían militares activos, suboficiales retirados y funcionarios públicos que presuntamente habrían vendido y adjudicado de manera irregular terrenos del Estado y quienes lograron prosperar debido a la permisibilidad de algunos funcionarios del Ministerio de Defensa y de las alcaldías locales.
La investigación también revela una presunta red de corrupción en la que se entregaban dádivas —dinero, licor y alimentos— a uniformados para evitar reportes sobre nuevas construcciones o mejoras en los terrenos ocupados. Asimismo, se habrían presentado acuerdos entre abogados y militares para modificar linderos, reduciendo progresivamente extensiones como las de la finca Berlín.
El Ministerio de Defensa señaló graves falencias en la defensa jurídica de estos predios. “Se evidencia una cifra paupérrima de querellas comparada con los cientos de perturbaciones a la posesión”, advierte el informe. Además, aseguran que no existen expedientes completos debido a que el anterior apoderado no realizó entrega formal de archivos.
También se cuestiona que se adelantaran procesos contra colonos protegidos constitucionalmente por la presencia de menores, mientras se omitían acciones contra ocupantes con mayor capacidad económica.
Según el documento, inspecciones de Policía y secretarías de Planeación habrían mostrado una “actitud cómplice” al no resolver procesos iniciados desde 2021, permitiendo la consolidación de construcciones y megaobras dentro de terrenos militares.
A esto se suma la falta de cerramientos y señalización adecuada en las bases militares, situación que habría facilitado que “tierreros” estafaran a ciudadanos mediante la venta de terrenos pertenecientes al Estado. Incluso, en algunos casos, ocupantes instalaron sus propias vallas alegando protección mediante tutelas judiciales para impedir el ingreso del personal militar.
Extensión actual. Ministerio de Defensa.
Los ‘tierreros’
Los informes mencionan a Juan Miguel Reyes Rodríguez, suboficial retirado y exencargado de inmuebles del CENAE, quien presuntamente habría permanecido durante 15 años comercializando lotes y hectáreas pertenecientes a la Nación.
También aparece Uber Alirio Fonseca Sambrano, exinspector de Policía que, mientras ejercía funciones, habría otorgado derechos a ocupantes y actualmente actuaría como apoderado de invasores en procesos contra el Ministerio de Defensa.
Otro de los señalados es Omar Guevara, exagente de Policía que presuntamente participaría en la comercialización de lotes en sectores como La Yucala, Naranjala, Mesa Baja y Los Mangos.
Asimismo, el informe identifica a Gonzalo Tibaquira Amézquita como uno de los principales responsables de la presunta venta ilegal de terrenos.
Otro señalado como “tierrero” es Ciro Novoa, quien habría sido identificado para el inicio de acciones penales por la comercialización de predios del Estado, actividad que presuntamente realizó con la permisividad de funcionarios del Ministerio y de la Alcaldía de Melgar.
En el documento también se menciona a Hugo Pedreros, Alejandro Patiño, Orlanda Giraldo y Maximiliano Cruz, este último exfuncionario de la Alcaldía de Melgar, quien presuntamente intentó apropiarse de instalaciones militares.
Uno de los aspectos más preocupantes del caso es que entre los compradores de estos lotes ilegales figurarían militares activos, exconcejales y exfuncionarios públicos.
Lotes fragmentados
En Melgar (Tolima), bajo la custodia de la Escuela de Suboficiales “Sargento Inocencio Chincá” (EMSUB) y del Comando Aéreo de Combate No. 4, se identifican predios como las fincas Berlín, La Cajita y California, además del barrio 17 de Enero.
Otros sectores de Melgar mencionados como áreas afectadas son La Calera, La Palmará y La Colorada.
En Nilo (Cundinamarca), dentro de las áreas estratégicas del CENAE y la Escuela de Soldados Profesionales (ESPRO), se ubican sectores como La Yucala, Naranjala, Mesa Baja y Los Mangos, donde particulares y exmiembros de la fuerza pública estarían comercializando lotes de manera activa.
En el sector de La Esmeralda, también perteneciente al CENAE, se evidenciarían construcciones de gran envergadura, incluidas viviendas con piscina.
Finalmente, el Ministerio de Defensa inició procesos penales por el delito de usurpación de tierras, con enfoque en concierto para delinquir y reportes ante organismos de control. Asimismo, contempla la reubicación de colonos vulnerables en predios específicos.
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