Se acerca la temporada de fiestas folclóricas en varios municipios del Tolima y la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué requirió a los alcaldes para que garanticen el orden público durante las celebraciones. 

A través de una comunicación, la procuradora Provincial, Luisa Fernando Barrios, les pidió a los alcaldes de Ibagué, Alvarado, Anzoátegui, Cajamarca, Piedras, Roncesvalles, Rovira, San Luis, Santa Isabel, Suárez, Valle de San Juan y Venadillo, que tomen las medidas necesarias para preservar la seguridad en varios aspectos. 

Entre otras cosas, la Procuraduría se refirió a las cabalgatas que suelen programarse en medio de las fiestas. El ente de control les recordó a los alcaldes que deben contar con la reglamentación necesaria para evitar casos de maltrato animal y alteración del orden público en medio de estos eventos. 

De acuerdo con la Procuraduría, las cabalgatas deben contar con licencias sanitarias del ICA; protocolos sanitarios; instalaciones como corrales, comederos, bebederos, entre otros; transporte para los animales; personal veterinario; controles de ruido, y otros espacios que suelen pasar por alto los organizadores. 

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En Ibagué, la Alcaldía no podrá organizar cabalgatas en el Festival Folclórico Colombiano por falta de reglamentación. Se presume que otras poblaciones del Tolima tampoco cuentan con dicha reglamentación, lo que podría frenar este tipo de eventos. 

Asimismo, la Procuraduría les pidió a los alcaldes controlar el exceso de ruido que emiten las chivas rumberas o buses abiertos que ofrecen sus servicios en desfiles como los de San Juan y San Pedro. Las chivas rumberas tendrán prohibido ubicarse frente a zonas residenciales y centros hospitalarios en horas de la noche y la madrugada. 

"Ordene efectuar los controles necesarios y adopte las medidas tendientes a la prevención y sanción de comportamientos particulares que perturban y alteran las condiciones mínimas de orden público, e impiden a los miembros de la comunidad disfrutar de tales derechos fundamentales sin causa legal que lo justifique",  les pidió la procuradora a los alcaldes.  

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La procuradora Provincial les otorgó a los mandatarios locales un plazo de 10 días para presentar los planes con los cuales piensan cumplir las medidas exigidas por el Ministerio Público.