Un grave caso de presunta vulneración a las garantías electorales se presentó en el municipio de Murillo, Tolima, luego de que la representante a la Cámara Martha Alfonso denunciara que su equipo de campaña habría sido retirado del municipio mientras realizaba actividades de volanteo.

Según lo expuesto por la congresista, los hechos ocurrieron el 25 de enero, cuando integrantes de su equipo adelantaban la entrega de material informativo con el balance de gestión legislativa. De acuerdo con su versión, fueron interceptados por el secretario de Gobierno municipal, quien se identificó como, Rafael Francisco Ardila Sierra les habría exigido un permiso para distribuir publicidad política.

Alfonso aseguró que no existe un decreto municipal publicado que reglamente dicho requisito y que, en ausencia de una norma local, se aplican las disposiciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), las cuales no contemplan permisos previos para este tipo de actividades. Pese a ello, afirmó que se solicitó el retiro inmediato del material, se llamó a la Policía y finalmente se les pidió abandonar el municipio.

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La congresista calificó lo ocurrido como una extralimitación de funciones y anunció que interpondrá quejas ante la Misión de Observación Electoral (MOE), el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría General y el Ministerio del Interior, al considerar que se vulneraron derechos fundamentales como la libre circulación y la participación política.

Gobernación anuncia seguimiento y escucha de versiones

Frente a esta denuncia, el secretario de Convivencia Ciudadana, Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra, confirmó que el caso fue expuesto durante el Comité Departamental de Seguimiento y Garantías Electorales.

El funcionario indicó que se escuchó la queja presentada por la representante Alfonso y que ahora se avanzará en recoger la versión de la administración municipal de Murillo, con el acompañamiento de entidades como la Procuraduría.

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Bocanegra señaló que se programarán reuniones regionales con alcaldes y secretarios de gobierno, con el objetivo de reiterar que las administraciones municipales deben garantizar condiciones plenas para todos los candidatos, sin distinción de partido, en actividades como volanteo, reuniones, instalación de publicidad y desplazamientos.

Desde el Gobierno Departamental se reiteró que la instrucción es clara: garantías electorales para todos los actores políticos, especialmente en un contexto preelectoral donde la seguridad y la neutralidad institucional resultan fundamentales.