La Comisión Quinta del Senado de la República llevó a cabo un debate de control político el día de ayer, para examinar la emergencia por incendios forestales en el Tolima. La sesión estuvo marcada por un fuerte cruce de declaraciones entre el representante a la Cámara Renzo García y la directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso Iannini, tras la denuncia por irregularidades que involucran a la propia autoridad ambiental regional.

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El punto central del debate lo fijó el congresista al cuestionar que una funcionaria de la corporación hubiera contratado a dos campesinos para efectuar una quema en un predio de su propiedad en el municipio de Dolores, provocando que los trabajadores resultaran capturados y procesados por la justicia. García puso este episodio sobre la mesa para cuestionar la actuación institucional y lo calificó como una grave contradicción en medio de la devastación que atraviesa el departamento, donde las llamas han destruido 50.000 hectáreas de vegetación y golpeado ecosistemas de alta prioridad como el bosque seco tropical.

El legislador complementó su intervención manifestando su preocupación por la crisis agrícola que enfrentan los productores locales. Detalló que el fuego ha consumido más de 28.000 hectáreas de maíz, limón y cultivos tradicionales de comunidades indígenas en diversos municipios, señalando que, mientras se presentan anuncios de ayuda, los campesinos enfrentan graves dificultades económicas sin que los auxilios gubernamentales prometidos lleguen a los afectados.

Las afirmaciones del congresista provocaron una respuesta directa de la directora de Cortolima, quien pidió no relacionar a la entidad con las actuaciones individuales de sus funcionarios. “No involucre a Cortolima porque la acción de una persona no representa la acción de la entidad”, manifestó, asegurando que resulta imposible controlar “el libre albedrío” de los contratistas y que las conductas a título personal no comprometen el trabajo ni la imagen de la corporación.

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Asimismo, la funcionaria cuestionó a García por referirse reiteradamente a este tema en medios de comunicación y redes sociales como si se tratara de una falla institucional. Defendió las actuaciones de la autoridad ambiental argumentando que la entidad actuó dentro de sus competencias al iniciar el proceso sancionatorio ambiental y remitir la información técnica ante la Fiscalía General de la Nación y Control Interno Disciplinario, en el marco de los 343 expedientes sancionatorios que tramita la institución.

La directora de Cortolima destacó el trabajo articulado que viene realizando la corporación con el Gobierno Nacional, el Ejército y la Policía para atender las emergencias ambientales en el territorio. Señaló que, paralelamente a esta controversia, el departamento enfrenta otras problemáticas complejas que requieren la atención prioritaria de las autoridades, entre ellas la minería ilegal en el municipio de Ataco.

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Mientras el pulso entre la dirigencia política y la corporación ambiental se agudiza en los estrados, la atención sigue fija en las zonas afectadas del departamento, donde cientos de familias campesinas e indígenas esperan que los compromisos institucionales se traduzcan en acciones concretas para mitigar el desastre y recuperar sus medios de subsistencia.