Ante la proximidad de la transmisión de mando presidencial y el reciente escalamiento de acciones delictivas en la región, la Gobernación del Tolima emitió una directiva de seguridad dirigida a los 47 municipios del territorio. La instrucción contempla la aplicación inmediata de restricciones clave para neutralizar cualquier eventualidad que altere el orden público durante las jornadas previas y posteriores a los actos oficiales en la capital del país.

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El paquete de recomendaciones expedido por la Secretaría de Convivencia Ciudadana faculta a los alcaldes locales a decretar medidas de choque en sus jurisdicciones. Entre los lineamientos entregados destacan la imposición de ley seca, toques de queda nocturnos y la restricción a la movilidad de escombros o acarreos, esquema preventivo que se extenderá durante los 15 días siguientes a la posesión del nuevo mandatario de los colombianos.

La mayor atención de la Fuerza Pública se concentrará en las vías principales mediante operativos rigurosos sobre camiones, volquetas y vehículos de carga pesada. Esta decisión busca cerrar el paso a atentados bajo la modalidad de vehículos cargados con explosivos, una táctica utilizada recientemente en otros puntos de la geografía nacional contra unidades e instalaciones de la Fuerza Pública.

El endurecimiento del control institucional responde de manera directa al atentado perpetrado en el corregimiento de Santiago Pérez, en Ataco, donde fueron asesinados los subintendentes Yeiferzon Meneses Aranda y Edison Cuesta Pizarro. Este doble crimen encendió los alarmas en el sur del departamento y motivó el despliegue inmediato de labores de inteligencia.

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Para acelerar la ubicación de los criminales, las autoridades mantienen activa una recompensa de hasta $100 millones de pesos a quien proporcione datos contundentes a los investigadores. De acuerdo con los avances del caso, se analizan pruebas técnicas sobre el tipo de armamento empleado, la distancia de los disparos y los rasgos de al menos tres personas que habrían ejecutado la acción violenta.

A la par de estos controles municipales, rige en todo el Tolima la suspensión general del porte de armas decretada por las Fuerzas Militares, medida que cobija incluso a los ciudadanos con permisos vigentes. Con este cerco operativo, la gobernación busca contener riesgos en los cascos urbanos y asegurar la protección de la población civil en esta coyuntura nacional.

*Con información suministrada por la oficina de prensa de la Gobernación del Tolima.