Tras varios días de levantarse el paro que duró una semana en el Colegio Santa Teresa, ubicado en el corregimiento del mismo nombre, municipio de Líbano, la Rectora de la institución educativa respondió a los señalamientos de padres y estudiantes que protagonizaron la protesta académica.

En su respuesta, la docente aseguró que el cierre de la institución, motivado por el traslado de una profesora de Castellano y por denuncias relacionadas con el manejo del consumo de sustancias psicoactivas, el transporte escolar y el Programa de Alimentación Escolar (PAE), tuvo baja participación.

“Son 100 padres de familia, pero solo eran cuatro los que hacían el paro”, afirmó.

De acuerdo con la rectora, el cese de actividades no duró 11 días, como aseguraron los padres sino 8, debido a que en medio del periodo de protesta hubo un fin de semana y un festivo.

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El origen del conflicto

El paro comenzó luego de que se informara en el Consejo Directivo el traslado de la profesora del área de Castellano, hacia una institución en Honda. Los padres calificaron la decisión como arbitraria, argumentando que en el área de Castellano solo había una docente, mientras que en Inglés permanecían dos.

La Rectora explicó que el traslado fue una determinación administrativa de la Secretaría de Educación Departamental, basada en la reducción de la matrícula estudiantil registrada este año.

“Entre menos estudiantes matriculados, menos docentes puede tener la institución. La Secretaría revisó las hojas de vida y definió los traslados según las necesidades del servicio”, además, precisó que el secretario de Educación aclaró personalmente la situación durante la visita que hizo al corregimiento el 28 de octubre, para hablar con los padres de familia, quienes levantaron el paro ese mismo día, tras lograr acuerdos con el secretario. 

Respuesta a las denuncias de convivencia

Ante las afirmaciones sobre presunta tolerancia frente al consumo de sustancias psicoactivas, la Rectora calificó esa versión como “totalmente falsa” y explicó que la institución activa las Rutas de Atención establecidas en la Ley 1620 de 2013 y en su Manual de Convivencia cada vez que se presenta un caso.

“El estudiante que consume debe ser tratado como un enfermo. Se remite a su EPS, se informa a la Secretaría de Educación, a la Comisaría de Familia o al ICBF, y se reporta a la plataforma SIUSE. Si además porta o comercializa, se da aviso a la Policía de Infancia y Adolescencia. Nunca se ha expulsado a ningún estudiante por este motivo”, enfatizó.

La Rectora presentó certificaciones  de la Personería y la Coordinadora de Educación municipal que daban cuenta de que la institución ha gestionado intervenciones preventivas con la presencia de psicólogos, el ICBF, la Policía Nacional con apoyo canino, la Personería, la Alcaldía y la Coordinación de Educación Municipal.