La Procuraduría General de la Nación informó que avanza en un proceso de vigilancia preventiva contractual sobre el acuerdo celebrado entre el Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (SETP) y la Unión Temporal Ibagué Smart City, para la modernización de 630 semáforos de Ibagué.

Debido a los hallazgos relacionados con los mínimos avances en la ejecución del contrato, la Procuraduría señaló al contratista, a la interventoría y a las directivas del SETP como responsables del fallido contrato, que fue adjudicado en agosto de 2024 y, casi un año después, ni siquiera ha comenzado sus obras.

"El Ministerio Público evidenció una presunta falta de articulación entre el contratista, la interventoría —a cargo del Consorcio Inter Semafóricas Ibagué— y la supervisión, a cargo de la directora operativa del SETP, lo que pone en riesgo el cumplimiento del contrato y la correcta inversión de los recursos públicos comprometidos", precisó la entidad.

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El ente de control también recibió una alerta de una veeduría ciudadana, que manifestó su inconformidad ante la falta de respuesta del SETP a las solicitudes de información sobre las pruebas técnicas del contrato, lo que afecta el ejercicio del control ciudadano.

"La Provincial de Instrucción de Ibagué exhortó a las autoridades responsables a adoptar medidas preventivas y correctivas para garantizar la ejecución del contrato y solicitó información detallada, con sus respectivos soportes, que permita establecer con claridad el estado actual del proyecto y las acciones adoptadas frente a las inconformidades detectadas", enfatizó la Procuraduría.

El Cronista.co, por su parte, ha podido establecer con fuentes extraoficiales que los retrasos se deben a la falta de músculo financiero de uno de los dos contratistas que hacen parte de la Unión Temporal, y a las disputas que sostiene con el otro integrante.

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El dueño del contrato es Édgar Jiménez, representante legal de la Unión Temporal y de la empresa con mayor participación, Smart Mobility y Security S. A. S. (55 %). Sin embargo, la prueba técnica de sus equipos fracasó y ha sido el otro integrante, Randley (45 %), quien ha cumplido con los compromisos contractuales hasta el momento.

Esto ha llevado a que Randley solicite la cesión del contrato, pero Jiménez, al parecer, se ha negado o ha exigido una alta suma de dinero a cambio de hacerlo. Tensiones que han terminado por truncar la modernización de los semáforos, ítem clave para la verdadera implementación del SETP en Ibagué.