El ingeniero Luis Fernando Díaz, director de la Veeduría Agua Para Ibagué (Vapi), le envió una carta a la procuradora General, Margarita Cabello, en la cual le pide que la entidad preste especial atención a la irregularidades en varios proyectos urbanísticos de la ciudad. 

El veedor reseña un informe de la Contraloría Regional del Tolima, el cual deja en evidencia que el proyecto Altos de Miramar cometió varias irregularidades en su proceso de licenciamiento urbanístico. "Se observan significativas irregularidades e inconsistencias, derivadas de actuaciones de servidores públicos adscritos a diferentes entidades del orden municipal, de la corporación autónoma regional y curaduría urbana No.2", precosa el director de Vapi.

Entre las irregularidades detectadas, Vapi indica que el proyecto tiene una disponibilidad "hidrosanitaria espuria", ya que, la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL) prestadora de estos servicios, no tiene perímetro hidráulico que la faculte para expedir este documento. 

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Además, en los documentos que acompaña el informe de la Contraloría General de la República, al parecer se presenta una falsificación toda vez que se alteraron los nombres y firmas de quienes suscriben dicho documento.

Adicional a eso, Vapi revela que el IBAL, en cabeza del suspendido alcalde Andrés Hurtado, tendría previsto invertir recursos públicos y alterar los diseños del Acueducto Complementario, para solucionar la problemática hidrosanitaria en Altos de Miramar. 

"También se busca beneficiar a terrenos aledaños, valorizando estos a costa de inversiones públicas, no retribuibles al erario público. Es necesario precisar que, según el plan de ordenamiento vigente de la ciudad, está previsto que estas áreas sean servidas, en materia de acueducto por parte de prestadores privados comunitarios, allí presentes, los cuales en la actualidad no tienen capacidad para ello", puntualiza. 

Sin embargo, Altos de Miramar no es el único proyecto que incumpliría normas urbanísticas en Ibagué. En otros conjuntos y barrios, especialmente aledaños al Parque Deportivo, también se identificaron varias irregularidades cometidas desde el año 2003.

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"Encontramos pertinente señalar, señora Procuradora General de la Nación, que estas anómalas actuaciones se presentan bajo la práctica de una suerte de 'puerta giratoria', en la cual funcionarios del IBAL, pasan al servicio de constructoras o a cargos públicosde la administración municipal, o a las curadurías urbanas, facilitando trámites violatorios de disposiciones legales y reglamentarias en materia de licenciamiento urbanístico", explica el veedor.

Finalmente, le pide a Cabello que sea la Procuraduría General, la que investigue las irregularidades en mención, pues la Regional del Tolima y Provincial de Ibagué no habrían mostrado la disposición necesaria ante sus contantes denuncias.