Tras la vacancia judicial, el presidente Gustavo Petro advirtió sobre una serie de acciones emprendidas por sectores que calificó como “la oligarquía y los oligopolios” para tumbar el salario vital y los decretos que, según el Gobierno, los obligan a pagar impuestos.

“ Los dueños de los oligopolios, que se creen dueños de Colombia y de su voto, a través de la televisión o de los dineros sucios con que compran votos, se creen dueños de la vida ”, señaló el mandatario en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Petro explicó que el salario vital se calcula a partir de información oficial del DANE sobre el costo de la canasta mínima vital de las familias en Colombia. “ Tomamos el dato de la canasta familiar mínima de 2025 para no ser pobre o morir, lo dividimos por el promedio de trabajadores por familia, también dato del DANE, y da dos millones de pesos mensuales. Ahí estallaron los oligopolios y la oligarquía ”, afirmó.

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Mañana empieza la oligarquía y los oligopolios, que son los dueños de la oligarquía, a buscar sus amigos en el poder judicial para derribar el decreto de salario vital y el decreto que le hace pagar impuestos a…

— Gustavo Petro (@petrogustavo) 13 de enero de 2026

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Acciones judiciales

La Corte Constitucional informó que ya se encuentran en estudio los decretos legislativos expedidos en el marco del Estado de Emergencia Económica y Social. El Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, “ por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional ”, quedó en despacho del magistrado Carlos Camargo Assis. Por su parte, el Decreto Legislativo 1474 del 29 de diciembre de 2025, que adopta medidas tributarias para atender los gastos del Presupuesto General de la Nación, fue asignado al magistrado Juan Carlos Cortés González.

En paralelo, el Consejo Gremial Nacional solicitó al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, la suspensión de los efectos del Decreto 1390 de 2025 , al considerar que la declaratoria de emergencia económica podría implicar un “uso abusivo de los poderes de excepción que socave el orden constitucional”.

A estas acciones se suma la interposición de una acción de tutela que solicita la suspensión provisional de los decretos con los que el Gobierno fijó el aumento del salario mínimo para 2026. El recurso fue presentado por el exmagistrado Alejandro Linares, en calidad de apoderado .

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Según el documento, se trata de una “ acción de tutela por la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso y al mandato de concertación tripartita, derivada de la expedición de los Decretos 1469 y 1470 de 2025, mediante los cuales se fijó el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) para el año 2026 ”.

El accionante sostiene que, en la expedición de dichos decretos, no se respeta el principio de concertación tripartita entre el Gobierno, los trabajadores y los trabajadores.

Así, lo que el Gobierno presenta como una medida técnica y social, sustentada en datos del DANE, fue rápidamente trasladada al terreno judicial por gremios y sectores empresariales.

Con los decretos del estado de emergencia y el aumento del salario mínimo bajo estudio de la Corte Suprema, la Corte Constitucional y jueces de tutela , el futuro medidas del salario vital y de las tributarias del Gobierno dependerán más de los fallos judiciales que del debate político , un desenlace que definirá no solo el ingreso de los trabajadores en 2026, sino también los límites del poder del Ejecutivo en el uso de decretos y estados de excepción.