El presidente de la República firmó el Decreto 1400 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual se ordena el levantamiento de la reserva de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que reposan actualmente en el Archivo General de la Nación (AGN).

La promesa y la firma del decreto fueron anunciadas inicialmente el 17 de octubre de 2025, durante el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional a favor del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), cuando el jefe de Estado reiteró su compromiso con la verdad y el esclarecimiento de los hechos relacionados con el uso ilegal de los aparatos de inteligencia del Estado.

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“Se desclasifica y se levanta la reserva de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS. Esto está en el Archivo General de la Nación; aquí hay una administración y esto no es hasta junio”, afirmó el mandatario al momento de estampar su firma en el documento.

El decreto expedido el 22 de diciembre ordena el levantamiento de la reserva de más de 57.000 cajas de documentos, en cumplimiento de mandatos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, orientadas al esclarecimiento de la verdad, la reparación integral de las víctimas y la garantía de no repetición.

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Desde el punto de vista jurídico, el presidente cuenta con la facultad de autorizar la desclasificación total o parcial de documentos de inteligencia y contrainteligencia en cualquier momento, incluso antes de que se cumpla el término legal de reserva de 30 años. Esta potestad está consagrada en el parágrafo 1° del artículo 33 de la Ley 1621 de 2013, base normativa del Decreto 1400 de 2025.

El jefe de Estado también anunció que esta política de apertura documental no se limitará al extinto DAS. “La próxima entidad en desclasificar sus archivos, con los requisitos de cuidado de norma y de ley, se llama DIPOL”, señaló, al tiempo que enfatizó que su Gobierno no culminará sin dejar establecida una política integral de desclasificación de archivos, ligada al derecho a la verdad.

Según el Ejecutivo, el levantamiento de la reserva responde al interés general, siempre que no comprometa la seguridad nacional ni el régimen democrático. El acceso a estos documentos es considerado fundamental para los procesos judiciales, la reconstrucción de la memoria institucional y la transformación de un legado oscuro de la inteligencia estatal en una herramienta al servicio de la justicia y los derechos de las víctimas.