El Gobierno de Abelardo de la Espriella presentará en los próximos días ante el Congreso el proyecto de Estatuto Antiterrorista, una iniciativa que ya cuenta con más de 130 artículos y que ha generado fuertes cuestionamientos entre sectores de la oposición por sus posibles efectos sobre los derechos y las libertades públicas.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció que el proyecto será presentado este jueves ante el Consejo de Política Criminal. Según explicó, la iniciativa crea una lista de organizaciones terroristas, de la cual se desprenderían medidas específicas, especialmente dirigidas a afectar las finanzas de estas organizaciones.

“Es una pieza que ya tiene más de 130 artículos. Crea básicamente una lista de organizaciones terroristas y de ahí se desprenden normas específicas a estas organizaciones terroristas. Y vamos a atacar particularmente las finanzas de esas organizaciones”, afirmó Lara, quien calificó el proyecto como “una norma muy bonita”.

Sin embargo, representantes de la oposición han advertido que el alcance de las disposiciones podría ir más allá del combate contra organizaciones armadas o terroristas y terminar afectando derechos individuales, organizaciones políticas y actividades como la protesta social.

Las advertencias de la oposición

Durante una intervención ante Naciones Unidas, el representante del Pacto Histórico Alejandro Toro planteó varias preocupaciones sobre el borrador. Entre ellas, señaló el riesgo de que una persona pueda ser incluida en una lista de presuntos terroristas sin que exista previamente una condena judicial, con consecuencias sobre su reputación, sus recursos económicos y su posibilidad de contratar o acceder a ayudas públicas.

Toro también cuestionó que definiciones ambiguas de terrorismo puedan terminar afectando actividades como la protesta pacífica, el periodismo, la investigación o la oposición política. Además, pidió que existan mecanismos judiciales oportunos para que una persona pueda controvertir una decisión estatal antes de que se produzcan daños irreparables.

“El combate al terrorismo es una obligación del Estado. Garantizar que ese poder no se utilice contra ciudadanos inocentes también lo es. La seguridad no puede convertirse en una excusa para desconocer derechos”, sostuvo.

Cepeda habla de un posible régimen autoritario

El senador Iván Cepeda fue todavía más contundente en sus cuestionamientos y planteó públicamente: “¿Estatuto antiterrorista o régimen dictatorial?”

Según Cepeda, el borrador contiene disposiciones que, a su juicio, podrían sustituir garantías propias del Estado de derecho por decisiones administrativas del Ejecutivo.

Uno de sus principales cuestionamientos está relacionado con la definición de terrorismo. El senador considera que los términos utilizados son demasiado amplios y podrían abarcar conductas que van desde acciones ilegales hasta expresiones actualmente permitidas, incluyendo, según su interpretación, manifestaciones de protesta social.

También cuestionó que el Ejecutivo pueda incluir personas u organizaciones en una lista de terroristas mediante decisiones administrativas, sin una decisión judicial previa.

Cepeda sostiene que esa inclusión podría generar consecuencias económicas, patrimoniales y reputacionales antes de que la persona afectada tenga la posibilidad de defenderse, lo que, según su interpretación, comprometería principios como la presunción de inocencia, el debido proceso y el principio de legalidad.

El senador también cuestionó las disposiciones relacionadas con la denominada “acción de aprehensión preventiva abreviada”, al considerar que el proyecto otorgaría al presidente facultades para desarrollar mediante regulación un procedimiento que, por su naturaleza, correspondería al ámbito judicial.

Otro de sus reparos está relacionado con la posibilidad de que decisiones adoptadas por gobiernos extranjeros tengan efectos automáticos en Colombia. Para Cepeda, esto podría afectar la soberanía judicial y las garantías constitucionales de los ciudadanos colombianos.

Además, aseguró que el proyecto contempla la figura de un Alto Comisionado contra el Terrorismo, con un periodo de cinco años, así como disposiciones que, según su lectura del borrador, permitirían legalizar mecanismos de espionaje, interceptaciones y actividades de inteligencia.

“Si este proyecto se aprueba tal como está presentado, la Constitución de 1991 habrá sido enterrada”, afirmó Cepeda.

¿ESTATUTO ANTITERRORISTA O RÉGIMEN DICTATORIAL? El borrador que anuncia el gobierno bajo el título de “Estatuto Antiterrorista” es un compendio de decisiones y preceptos que sustituyen el Estado de derecho en Colombia y entronizan un régimen abiertamente dictatorial. Este proyecto es en realidad un instrumento, cuyo carácter genérico podría dar lugar a toda clase de violaciones de derechos humanos. Llama la atención, que su modelo de referencia principal sean instrumentos jurídicos y legales, estadounidenses y no el derecho internacional público, el derecho de los derechos humanos, o el derecho internacional humanitario. En esta línea de definición genérica, la forma en que caracteriza al terrorismo es especialmente vaga. Terrorista es cualquier acción que produzca miedo, pánico, zozobra, riesgo, amenazas o utilización de violencia. Es decir, potencialmente cualquier clase de conducta ilícita o, incluso, acciones que hoy están inscritas dentro de la legalidad. Bajo esta definiciones, el actual gobierno entraría en esa categoría. Es evidente que ese carácter genérico e indefinido puede dar lugar a que, por ejemplo, bajo la concepción del actual gobierno, expresiones de la protesta social sean catalogadas como acciones terroristas. El hecho de que sea la autoridad ejecutiva la que mediante órdenes administrativas incluya a personas o grupos en la llamada “lista de organizaciones terroristas”, sin que exista decisión judicial que anteceda semejante decisión, también abre un amplio espectro para la arbitrariedad y las decisiones de carácter dictatorial. La inclusión en la lista de personas, y no solamente de organizaciones, abre la posibilidad a todo tipo de violaciones de derechos individuales y libertades públicas: afectaciones irreparables al buen nombre, sanciones económicas y graves daños patrimoniales sin tener antecedentes, condenas o sanciones de carácter penal. Es decir, se abre la puerta a un régimen dictatorial en el que las libertades son puestas en peligro y sometidas a la voluntad de un gobernante déspota. La figura del Alto Comisionado contra el Terrorismo se convierte en la creación de un cargo con plenos poderes, que es definido bajo estado de excepción por Abelardo de la Espriella, y que excede el periodo de cualquier gobierno, puesto que está previsto para una duración de cinco años. Como si todo esto fuera poco, la norma faculta al gobierno para legalizar el espionaje, las escuchas ilegales y la inteligencia criminal. De ser aprobado este estatuto con el contenido que se presenta a la opinión pública como un borrador, la Constitución de 1991 habrá sido sepultada, y un régimen despótico y autoritario, quedará con las manos libres para atentar contra los derechos humanos de la ciudadanía en Colombia.

— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) October 7, 2026