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ONU: La seguridad de una persona detenida recae bajo la responsabilidad del Estado

ONU: La seguridad de una persona detenida recae bajo la responsabilidad del Estado

Donovan Balanta falleció el 20 de septiembre, tras una intervención policial.

Autoridades e instituciones internacionales iniciaron los procedimientos correspondientes para esclarecer los hechos relacionados con el fallecimiento de Donovan Balanta, ciudadano de 34 años de edad, tras una intervención de la Policía Nacional el pasado 20 de septiembre. El evento ocurrió en el sector de Caracolí, ubicado en el límite entre la localidad de Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha, donde la fuerza pública adelantó la retención del hoy fallecido.

De acuerdo con los reportes sobre el suceso, los uniformados involucrados utilizaron un dispositivo de descargas eléctricas para someter al ciudadano durante el operativo en la vía pública. Posteriormente a la inmovilización, el hombre presentó complicaciones de salud que desencadenaron su deceso horas más tarde en un centro asistencial de la zona, situación que motivó las denuncias presentadas por sus familiares y defensores de derechos humanos.

La Representación en Colombia de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos emitió un pronunciamiento público en el cual recordó la obligación que tiene el Estado de velar por la integridad de las personas bajo su custodia. El organismo internacional exhortó a las instituciones competentes a aplicar los estándares sobre el uso de la fuerza y a conducir las indagaciones necesarias a través del sistema de justicia ordinaria.

Frente a la actuación policial, el expresidente Gustavo Petro se pronunció sobre el caso señalando que el ciudadano falleció a manos de servidores públicos debido a su pertenencia étnica. Asimismo, el ex mandatario catalogó lo sucedido como una vulneración a los derechos de la comunidad de Caracolí e interrogó a las autoridades sobre las garantías para la formación de una fuerza pública respetuosa de las garantías fundamentales.

Por su parte, el representante a la Cámara por Bogotá, Daniel Monroy, manifestó a través de sus canales oficiales que el material en video evidencia situaciones de maltrato e indebido uso de la fuerza durante la captura. El congresista sostuvo que existieron conductas discriminatorias en el procedimiento e insistió en la necesidad de aplicar las sanciones pertinentes a los responsables y coordinar las reparaciones a los familiares de la víctima.

La Policía Nacional de Colombia dispuso la suspensión provisional de siete agentes que participaron de forma directa en el procedimiento operativo en el sector de Caracolí. La medida administrativa se tomó en el marco del expediente disciplinario con el fin de evaluar las posibles fallas en la actuación y determinar si existió inobservancia de los protocolos institucionales vigentes.

Las indagaciones respecto a este caso continúan en desarrollo por parte de los órganos de control para establecer las causas exactas del deceso y precisar las responsabilidades individuales. La institución policial mantendrá la separación de los funcionarios de sus cargos mientras el proceso avanza en las instancias correspondientes del sistema de justicia.

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