Alrededor de 15 años de penuria ha tenido que vivir la comunidad del sur de Ibagué, más específicamente aquellos que circulan por la calle 18 entre los barrios La Unión y El Jazmín, quienes desde 2010, con el fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima esperaban que la Alcaldía de Ibagué realizara la restitución del espacio público del sector con la construcción de andenes, barandas de seguridad y señalización vial para garantizar la seguridad de los transeúntes y prevenir desastres en la zona; sin embargo, a día de hoy las obras siguen inconclusas.

Debido a ello, el Juzgado Séptimo Administrativo de Oralidad del Circuito de Ibagué sancionó el pasado 3 de febrero de 2025, a la alcaldesa de la ciudad, Johana Ximena Aranda, con una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, por el incumplimiento de la sentencia judicial emitida en 2010.

El juzgado determinó que, pese a algunas intervenciones parciales realizadas en 2022, la administración municipal no ha cumplido a cabalidad con lo ordenado por la justicia, al persistir la remoción en masa en la zona y la falta de medidas de seguridad adecuadas. Según el informe de la Secretaría de Infraestructura, aún no se han instalado las barandas necesarias ni se han construido los sistemas de drenaje requeridos para mitigar los riesgos en la vía.

El proceso de desacato fue iniciado en agosto de 2024, cuando el juzgado requirió al municipio un informe detallado sobre el estado de cumplimiento de la sentencia. Ante la falta de respuesta o avances significativos, se dio apertura formal al incidente de desacato en octubre del mismo año. En noviembre, la administración presentó un informe en el que se reconocía la necesidad de nuevas obras, pero sin evidenciar acciones concretas para su ejecución.

El juzgado concluyó que la alcaldesa incurrió en un incumplimiento objetivo y subjetivo de la orden judicial, evidenciando negligencia en la gestión de los recursos y la ejecución de las obras requeridas para la protección de los derechos colectivos de los habitantes del sector. Como resultado, se impuso la multa y se remitió el expediente al Tribunal Administrativo del Tolima para su revisión en consulta.

Este nuevo incidente de desacato se suma a una larga lista que ostenta la alcaldesa Aranda desde que asumió como mandataria en 2024, aunque cabe aclarar que la mayoría de ellos provienen de decisiones contra gobiernos anteriores.