La Fiscalía General de la Nación a través de su cuenta de Twitter, comunicó que “designó a un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de la Dirección de DD. HH, y un equipo técnico de investigadores, criminalísticos y médicos forenses del CTI para investigar los hechos ocurridos en Puerto Leguízamo, Putumayo, donde murieron 11 personas”.

#Fiscalía destacó un fiscal de la Unidad Especial de Investigación, un fiscal de la Dirección de DD.HH, y un equipo técnico de investigadores, criminalísticos y médicos forenses del CTI para investigar hechos ocurridos en Puerto Leguízamo, #Putumayo, donde murieron 11 personas.

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 30, 2022

Este pronunciamiento se da luego de la denuncia de distintos magistrados, organizaciones y líderes sociales que alzaron su voz sobre lo ocurrido el 28 de marzo en Putumayo, en donde uno de los 11 asesinados era un gobernador indígena. 

El 29 de marzo la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC) emitió un comunicado pidiendo al Ejército Nacional el cese de los falsos positivos. “Solicitud de acción urgente principalmente a que el Ejército Nacional cese sus acciones a través de la modalidad de falsos positivos en contra de la población civil” declararon. 

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Además, adjuntaron el acta de posesión No 033-2022 del cabildo indígena Kicwa Bajo Remanso del municipio de Leguízamo, con el fin de demostrar que una de las personas asesinadas era el gobernador del pueblo indígena, Pablo Panduro Coquinche.

Días atrás, el Ejército Nacional reportó a través de un comunicado que “en operativos conjuntos, se produjo la neutralización de 15 presuntos miembros del grupo armado organizado residual estructura 48, que harían parte de la Segunda Marquetalia”.

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“Yo creo que es algo sin precedentes, que a estas alturas estamos frente a un falso positivo, que ya se ha descubierto y que están todas las evidencias que nos soportan que no se trataba de un criminal o algo así, sino de una autoridad indígena, de un gobernador del pueblo Kicwa”, asintió Oscar Daza, Representante de Derechos Humanos y Paz de la OPIAC, para Radio Nacional.

El rechazo al asesinato de la autoridad indígena, Pablo Panduro, también fue criticada por La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), afirmando que “los cuerpos sin vida no fueron debidamente inspeccionados por Policía Judicial como CTI de la Fiscalía, sino que fueron levantados sin protocolos técnicos de criminalística por parte del mismo Ejército Nacional y retirados de la zona en helicóptero, lo que configura una vulneración flagrante al eventual proceso investigativo que lleve a la claridad de los hechos”.