Por Guillermo Pérez Flórez

La pregunta es pertinente, y más ahora, en medio de una crisis habitacional que ha adquirido notoriedad mundial. El caso de María del Carmen Abascal, en Madrid, es una expresión dramática de esta realidad: una mujer de 87 años fue desalojada (por decisión judicial) de la casa en la que había vivido en alquiler durante siete décadas, por demanda de la empresa propietaria del inmueble. Maricarmen murió el miércoles 7 de octubre pasado y se ha convertido en un símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda en España.

El artículo 47 de la Constitución establece que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada». Sin embargo, como afirma el periodista Luisja Sánchez, este enunciado se ha convertido en una fuente de frustración para miles de personas. Es solo un principio rector, no una obligación constitucional. Según el Banco de España, el déficit del país asciende a 750.000 viviendas, equivalentes al 3,7 % de los hogares. Apenas el 1,5 % del parque residencial corresponde a vivienda social.

Es una muestra del fracaso de los gobiernos municipales y autonómicos, que tienen competencias en la materia, pero también del Gobierno nacional, incapaz de resolver un problema que se agrava porque el precio de la vivienda crece mucho más rápido que los salarios, lo que aleja cada vez más la posibilidad de acceder a ella.

En el último año, los precios han subido un 12,9 %, los salarios apenas lo han hecho un 4 %. Una familia española de ingresos medios necesita destinar el 38 % de ellos al alquiler, por encima del umbral del 30 % considerado sostenible. Para las familias de menores ingresos, el esfuerzo puede superar el 70 %.

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La vivienda, como bien de uso y no como negocio rentístico o especulativo, se ha instalado en el centro del debate político español, en razón al descontrolado incremento de los precios, por la participación creciente de los llamados fondos ‘buitre’ en el mercado inmobiliario, y debido al alquiler de las viviendas para uso turístico en plataformas virtuales. Todo indica que seguirá ocupando un lugar destacado en la discusión pública y en las próximas contiendas electorales. Así sucedió en las elecciones municipales de Nueva York, donde resultó elegido alcalde Zohran Mamdani. Fue uno de los asuntos centrales de su campaña.

Y con razón: la ciudad atraviesa una crisis habitacional histórica, marcada por alquileres costosos y déficit de viviendas. Mamdani propuso no confiar en que el mercado construya suficientes viviendas asequibles, sino utilizar los recursos públicos, el suelo y la capacidad de financiación del Estado para ampliar la oferta, proteger a los inquilinos y construir 200.000 unidades.

Más allá de Madrid o Nueva York

El problema no es exclusivo de las grandes ciudades donde los precios de la vivienda se han disparado. En Colombia, el déficit habitacional es crítico, pese a que en 2025 se habría registrado el nivel más bajo desde 2019, según las cifras del DANE. Pero la magnitud del problema sigue siendo considerable. En términos cuantitativos, faltan 1.180.000 viviendas. Y atención a este otro dato: el déficit cualitativo asciende a 3.630.000. Ambos déficits afectan a cerca de 4,8 millones de hogares, el 25,6 % del total, de acuerdo con informes del DANE publicados este año.

No logro entender por qué aún no ha estallado este volcán social que afecta a una cuarta parte de los hogares. Quizá contribuya a mantenerlo contenido el carácter individualista de nuestro pueblo, el adormecimiento de la protesta social por la proliferación incontrolada de iglesias y las redes sociales como factor dispersor de la agenda pública o la falta de agencia política.

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No sé qué ha cambiado de 2019 y 2021 a hoy. Imagino que ahora, en la ‘patria milagro’, muchas personas, en lugar de organizarse o salir a protestar, prefieren encenderle una veladora a Santa Eduvigis o entretenerse viendo videos en TikTok, Instagram o Facebook.

La cuestión es compleja, por supuesto. Y lo es, en parte, por lo que ya dije: porque la vivienda, más que una necesidad o un derecho, se ha convertido en un negocio sometido a la especulación, que comienza con el precio del suelo. En Bogotá, por ejemplo, el valor de la tierra puede representar entre el 25 % y el 40 % del precio final de una vivienda, según el sector. Así es difícil ampliar la oferta de soluciones asequibles. A esto se suma otro problema: mientras las tasas de interés hipotecario sigan por las nubes, como ocurre en Colombia, comprar una casa o un apartamento será un sueño inalcanzable. Si ya es difícil en España, donde las hipotecas se mueven en tasas muy inferiores, entre el 2% y el 4%, ¿qué podemos esperar en Colombia, donde las tasas están entre el 11 % y el 15 % anual?

La Constitución de 1991 también reconoce, en su artículo 51, el derecho a una vivienda digna. Está consagrado entre los derechos económicos, sociales y culturales, y no dentro del catálogo de los derechos fundamentales. Sin embargo, existe una diferencia importante con España, su desarrollo jurisprudencial: la Corte Constitucional ha reconocido mecanismos de protección judicial, incluida la acción de tutela, cuando el derecho a la vivienda se relaciona con otros derechos fundamentales o cuando están comprometidas la dignidad humana y la protección de personas en condiciones de vulnerabilidad, como niños, adultos mayores, desplazados y personas con discapacidad. Pese a ello, la realidad discurre por otros senderos, y en la práctica, en Colombia más que en España, el derecho a una vivienda digna es una ilusión. 

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¿Qué hacer cuando el mercado no funciona?

El mercado no está resolviendo la demanda de vivienda. La especulación con el suelo, los altos costos de construcción, las restricciones de acceso al crédito y la insuficiencia de la oferta pública contribuyen a explicar esta incapacidad. La alternativa es una intervención decidida del Estado, en sus diferentes niveles, que permita actuar sobre los factores que distorsionan el marcado y encarecen el precio, frene las prácticas especulativas y amplíe las posibilidades de acceso para los sectores de menores ingresos.

Medidas como bancos de tierras, construcción de vivienda pública de alquiler o congelación de alquileres, que pueden irritar a quienes creen que el Estado debe cruzarse de brazos y esperar a que el mercado resuelva el problema, o a que los santos hagan milagros.

Será interesante ver qué ocurre en España y si el Gobierno logra adoptar medidas eficaces. En cualquier caso, es evidente que tanto allí como en Colombia, e incluso en Estados Unidos, se necesita un nuevo enfoque económico en torno a la vivienda. Pero esto no se logrará sin una fuerte presión política y social desde abajo: organizando a las comunidades, fortaleciendo las organizaciones de base, y llevando la discusión pública a los gobiernos municipales, que tienen un papel relevante en el ordenamiento del suelo.

De lo contrario, me temo que tendremos muchas más personas como Maricarmen, que terminó sus días sin un lugar digno donde vivir. La pregunta de fondo es: ¿Debe ser la vivienda un derecho fundamental, sí o no?