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Juzgado frena cierre de ZUT que alberga a 99 excombatientes en Putumayo
Tomado de revista UNAL.Vista aérea de la Zona de Ubicación Temporal para guerrilleros desarmados en el Valle del Guamuez (Putumayo).
El Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto Asís, Putumayo, admitió una acción de tutela presentada por Arbey Lemus Wilches y otros excombatientes acreditados, quienes alegan afectaciones a sus derechos fundamentales a la vida, seguridad, integridad física, reincorporación, debido proceso, confianza legítima y paz.
La decisión se produce tras la Resolución 389 del 9 de septiembre de 2026, mediante la cual se dispuso la terminación, a partir del 30 de septiembre, de la Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal del Valle del Guamuez, en el marco de las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional frente a los procesos de la llamada Paz Total.
La Resolución encargó a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, junto con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), coordinar el traslado, las condiciones de seguridad y la evaluación individual de los desmovilizados para avanzar en su tránsito hacia la vida civil.
En el ZUT permanecían 99 excombatientes, anteriormente pertenecientes a los Comandos de la Frontera o a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), quienes iniciaron su proceso de dejación de armas en junio de 2026.
Sin embargo, la decisión judicial provisional solicita la suspende la comunicación de listados a la Fiscalía General, Policía Nacional y autoridades judiciales sobre la reactivación o trámite de órdenes de captura mientras se resuelve la tutela de fondo.
Además, el juzgado vinculó al Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal, además de organismos y países que actúan como garantes o acompañantes del proceso de paz, entre ellos la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, la MAPP-OEA, la Conferencia Episcopal y las embajadas de Noruega, Cuba, Suiza, Venezuela, Países Bajos y Uruguay.
Asimismo, el despacho concedió dos días a las entidades accionadas para presentar sus informes y solicitó documentación relacionada con las resoluciones que antecedieron la decisión de cierre, los acuerdos marco, el listado de personas concentradas en la zona y el plan de cierre y transición.
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