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Exalcalde de Prado condenado a 12 años de prisión por contratos irregulares

Exalcalde de Prado condenado a 12 años de prisión por contratos irregulares

Imagen obtenida de internet. Álvaro González Murillo, exalcalde del municipio de Prado

Un juez de conocimiento profirió sentencia contra Álvaro González Murillo, quien se desempeñaba en ese entonces como alcalde del municipio de Prado en el departamento del Tolima. La decisión judicial impuso una pena de 12 años de prisión tras determinar su participación en anomalías detectadas en 17 acuerdos contractuales firmados durante el segundo semestre de 2016.

La Fiscalía General de la Nación presentó los elementos materiales probatorios que demostraron la responsabilidad penal del exfuncionario en las conductas punibles de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción y peculado por apropiación agravado. Los convenios suscritos tenían como finalidad financiar proyectos de carácter social, educativo, deportivo, cultural y comunitario en la localidad.

Durante el juicio oral se evidenció la ausencia de validación sobre la idoneidad de la empresa encargada de ejecutar los recursos económicos destinados a la comunidad. Asimismo, las autoridades comprobaron la falta de soportes contables que justificaran el destino final del presupuesto público entregado, generando un detrimento patrimonial cercano a los 300 millones de pesos.

Álvaro González Murillo firmó los convenios respectivos, expidió resoluciones para intervenir directamente en los estudios previos y declaró de manera formal que la asociación seleccionada cumplía con la experiencia requerida. Adicionalmente, el entonces mandatario autorizó de forma directa la liquidación y la posterior transferencia de los pagos correspondientes a los dineros públicos.

Por estos mismos hechos, la autoridad judicial sancionó con 11 años de prisión a Diana Carolina Romero Yara, quien ejercía como secretaria de desarrollo social de Prado y supervisó los convenios certificando el cumplimiento contractual. La funcionaria avaló los informes que permitieron el desembolso de los recursos sin cumplir con las verificaciones técnicas exigidas por la normatividad.

El despacho judicial también condenó a 8 años de prisión a Gladys Lucía Cabezas Leonel, quien fungía como representante legal de la empresa contratista, y a Daniel Francisco Murillo Cupitra, primo del exmandatario. Este ciudadano realizó las labores de gestión, coordinación y organización logística del esquema contractual que dio origen a la investigación penal.

Las decisiones tomadas por el juez corresponden a la primera instancia del proceso penal y contra ellas proceden los recursos legales ordinarios. Ante este panorama, la defensa de los ciudadanos implicados cuenta con la facultad de interponer las apelaciones establecidas para apelar las penas emitidas. Entre tanto, los procesados continuarán vinculados a las actuaciones de las autoridades mientras se define de manera definitiva la situación jurídica de cada uno.

*Con información suministrada por la oficina de prensa de la Fiscalía General de la Nación.

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