Por Juan Pablo Corredor García

En Colombia, el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), justicia especializada y diferenciada para los menores de 18 años, se ha inclinado por adoptar acciones que le apuestan a lo pedagógico y restaurativo por sobre lo punitivo. A pesar de las grandes limitaciones y dificultades en su implementación, el modelo ha mostrado ser exitoso en asegurar una rehabilitación de los jóvenes infractores de la ley.

Para la psicóloga Mónica Sáenz Correa “si bien el enfoque restaurativo no logra resultados con relación al desistimiento de la conducta delictiva para la totalidad de los casos, por ejemplo aquellos en los que el o los adolescentes presentan una condición de salud mental de base (psicopatía, por ejemplo), se ha comprobado su efectividad en el abordaje de este fenómeno en múltiples escenarios nacionales e internacionales. Hecho que resulta pertinente visibilizar a fin de aportar elementos críticos para el análisis del SRPA en Colombia , y así continuar aportando a su fortalecimiento”.

Según datos del Observatorio de Bienestar de la Niñez, el país pasó de tener 24.405 casos de menores vinculados al SRPA en el año 2010, a tener un total de 9.156 para el 2018. Por su parte, en el distrito judicial de Ibagué, se evidencia que desde el 2009, año en el que se empieza a implementar SRPA en la región, hay una disminución de casi la mitad de los casos de jóvenes que infringen la ley con corte al 2018.

En oposición a este enfoque, políticos y opinadores como German Vargas Lleras, el ex representante Efraín Torres y  el jurista Guillermo Mendoza Diago, entre otros,   piensan que el mecanismo más idóneo para tratar al adolescente que ha cometido un delito es usar “la mano dura”. Ellos han hablado de aumentar las penas, reducir la edad de responsabilidad o incluso poner a chicos de 16 años en cárceles de adultos.

Sin embargo, pese a las pretensiones de modificar el enfoque del SRPA, los resultados del mismo son alentadores. Como afirmó el fiscal delegado de  Infancia y Adolescencia Mario Gómez a el periódico El Tiempo, en el 2019 el nivel de reincidencia era del 20 por ciento, lo que quiere decir que el 80 por ciento de estos jóvenes lograban incorporarse de nuevo a la sociedad.

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¿Qué pasa cuando un joven comete un delito?

Cuando un adolescente infringe la ley, el Código de Infancia y Adolescencia establece que entre las sanciones con carácter pedagógico que se pueden aplicar están: 1) Una amonestación, en la que se le recrimina al joven las consecuencias del hecho delictivo y la exigencia de la reparación del daño. Además de que se le obliga a asistir a un curso educativo sobre respeto a los derechos humanos y convivencia ciudadana; 2) Una imposición de obligaciones y prohibiciones para regular su modo de vida, así como promover y asegurar su formación; 3) Una exigencia en la prestación de servicios sociales a la comunidad; 4) O una concesión de la libertad, con la condición obligatoria de someterse a la supervisión, la asistencia y la orientación de un programa de atención especializada.

Otras dos medidas más severas que la autoridad judicial puede tomar basadas en el Código de Infancia y Adolescencia son, de un lado la vinculación del adolescente a un programa de atención especializado al cual deberá asistir obligatoriamente, o del otro, la directa privación de la libertad en un centro de internamiento.

Es mucho lo que se ha hablado de estos centros de internamiento, especialmente en cuanto a su operatividad y funcionamiento, ya que aunque sólo se puede privar de la libertad a un adolescente con fines pedagógicos, estos centros fungen como propias cárceles de adultos

El caso del Luis A. Rengifo de Ibagué

Una persona que en el año 2014 estuvo en el politécnico Luis A. Rengifo, a quien llamaremos Andrés, afirmó: “Eso es muy duro allá, ese es un castigo muy áspero. Uno llega pensando que eso es suave pero no, eso es una cárcel”. Andrés hace especial mención a las ratas, los baños sucios y los huecos donde se esconde la droga.

El problema con los centros de internamiento no es nuevo. Ya en el año 2015 la Defensoría del pueblo publicaba un informe que se titulaba “Violaciones a los Derechos Humanos de adolescentes privados de la libertad”, en el que se registraba cómo desde estos lugares se atenta contra los principios restaurativos y pedagógicos del SRPA. A partir de las visitas que realizó la comisión por todo el país, se logró establecer que la infraestructura en muchos casos era inadecuada, que había bajos estándares de higiene y que existían lugares de aislamiento y castigo, algo propio de las cárceles de adultos.

El informe describe la situación del centro de internamiento de Ibagué como de “Especial mención y atención” puesto que “la infraestructura del Instituto Politécnico Luis A. Rengifo atenta contra la salubridad de los/las adolescentes e, incluso, del personal a cargo del Centro. En la visita se encontraron celdas sin luz natural ni artificial y varias de ellas presentan humedad, paredes con hongos, inundación, corrosión, malos olores y camas en condiciones deplorables”

El fiscal Gómez, en esa misma entrevista a El Tiempo decía que se deben tener mejores programas, mejor capital humano y más interés por los proyectos de vida de los jóvenes que allí permanecen. Pero que en todo caso la solución no es eliminar el SRPA.

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Justicia Restaurativa como enfoque del SRPA

Otro tema a tratar es el de la Justicia Restaurativa, el cual entiende que la justicia no está sólo para castigar al infractor sino también para reparar el daño causado, permitiendo que la comunidad esté directamente involucrada en la respuesta del crimen.

Los seguimientos que ha hecho el ICBF permiten concluir que existe un “avance significativo en la implementación de procesos y prácticas restaurativas en los servicios del SRPA durante el cuatrienio 2015-2018, así como efectividad en la estrategia desarrollada desde la Subdirección de Responsabilidad Penal ICBF”. Periodo de tiempo que coincide con la mayor reducción de casos de jóvenes en conflicto con la ley, desde que existe el SRPA.

Entre las prácticas de naturaleza restaurativa se encuentran los programas de mediación (Víctima-Ofensor) en el que las partes hablan de la situación vivida y de sus consecuencias; También existen las conferencias familiares, las cuales tienen por objetivo que los más cercanos ejerzan control en el cumplimiento de los compromisos; y por último están las Conferencias comunitarias que buscan que diversos colectivos escuchen a la víctima y el ofensor. Todo lo anterior con el único fin de reconciliar, restaurar y reparar.

Sin embargo, según Sáenz: “pese a la pretensión del Estado colombiano de generar las garantías plasmadas en el espíritu de la Justicia Restaurativa en el SRPA, el avance al respecto se ha visto limitado y requiere continuar fortaleciéndose desde las diferentes instancias y actores”.

Andres y su familia concuerdan en que la idea con la que opera el sistema es muy buena ya que “buscan más que todo que usted cambie su vida”. Sin embargo, no niegan que parte de la responsabilidad pasa por uno mismo querer transformarse.

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¿Por qué persiste la delincuencia juvenil?

Para entender por qué persiste la delincuencia juvenil, resulta indispensable comprender las causas que llevan a que un adolescente cometa un delito. Acorde al Observatorio del bienestar de la niñez, existen factores macro que inciden en la conducta del menor, como lo son la exclusión y vulnerabilidad económica, agravado por la existencia de entornos delictivos. Asimismo, en un nivel micro hallamos el consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas.

A esto se suma la violencia intrafamiliar, familias extensas, relaciones de parejas conflictivas e influencias negativas. Dependiendo de los casos específicos, uno y otros de estos factores llevan a un joven a involucrarse en actividades delictivas.

El SRPA puede tratar de solucionar algunos de los factores anteriormente mencionados, como un cambio de conducta y el consumo de sustancias estupefacientes. Sin embargo, variables como la pobreza y la falta de oportunidades es algo que compete a otros programas del gobierno, los cuales deben buscar el prevenir la delincuencia por medio de la creación de empleos, la garantía de derechos como la educación o la salud y la desarticulación de bandas criminales (que en algunos casos se infiltran en los centros de internamiento).

En declaraciones recientes a El Nuevo Día, Luis Edier Usma quien es representante legal de la fundación Faro encargada de administrar el politécnico Luis A. Rengifo afirmó: “Nosotros hacemos actividades de tipo pedagógico, tenemos alrededor de 12 muchachos que ya no consumen droga y cinco ya fueron graduados el año pasado, esa es la labor para la que fuimos contratados. Los temas de seguridad, salud e integralidad de los muchachos no es solamente responsabilidad del operador, esto es un sistema donde confluyen varias entidades”.

No obstante, el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes está lejos de ser perfecto.  Aquí algunas de las cosas en las que hay que seguir trabajando según la Defensoría del pueblo, la Subdirección de Responsabilidad Penal y las reflexiones de la psicóloga Sáenz: 1) continuar generando procesos de formación en los agentes del SRPA, de los cuales se derive una mayor comprensión del enfoque, la práctica y la justicia restaurativa. 2) Dar cumplimiento a los estándares de higiene e infraestructura que deben tener los centros de internamiento. Además de hacer valer los derechos de quienes allí se encuentran. 3) realizar un análisis del impacto de las diferentes medidas y programas para afianzar la investigación en cuanto a justicia juvenil. 4) y fortalecer los programas para la prevención de la delincuencia juvenil, y el apoyo a las familias a través de empleos dignos, de modo que estos adolescentes, afectados por la pobreza, no se vean impulsados o forzados a ser parte de las redes de delincuencia y crimen.

Estudiante de Comunicación Social – Periodismo de la Universidad del Tolima. El presente artículo es resultado de la cátedra de Reporterías y escrituras periodísticas que orienta Carlos Pardo Viña.