La incertidumbre por el futuro de cientos de familias de Villa Resistencia llevó nuevamente a sus habitantes a las calles. Durante la noche del domingo, decenas de residentes realizaron un plantón con pancartas y velas en inmediaciones del conjunto donde reside la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, para pedir respuestas frente al proceso de desalojo.

La protesta ocurre en medio del cumplimiento de una decisión judicial que ordena la recuperación del predio. La Personería de Ibagué ha señalado que el fallo ya está ejecutoriado, aunque ha insistido en que su ejecución debe estar acompañada de garantías y atención institucional para la población vulnerable.

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Los habitantes aseguran que todavía existen dudas sobre cómo se desarrollará el procedimiento y, principalmente, qué ocurrirá con las familias después de la intervención. En una protesta realizada el pasado 25 de septiembre, voceros de la comunidad señalaron que en el asentamiento permanecen alrededor de 320 familias, más de 1.400 personas y cerca de 200 animales.

“Queremos que nos miren como una comunidad con familia, niños, desplazados, víctimas del conflicto armado”, manifestó William Reina, uno de los habitantes, quien pidió una mesa de diálogo y alternativas de vivienda digna.

Gobierno respondió a los manifestantes

Hasta el lugar llegaron el secretario de Gobierno de Ibagué, John Jairo Rojas, y el comandante de la Policía Metropolitana, coronel Edgar Fernando López González, quienes dialogaron con los manifestantes.

Según lo informado, se acordó avanzar en reuniones con los líderes de Villa Resistencia para revisar el panorama y las posibles alternativas institucionales.

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La preocupación ya había sido expresada días atrás frente a la Alcaldía, donde los residentes solicitaron ser escuchados antes de que se concrete el desalojo. La decisión del Consejo de Estado mantiene la orden de recuperación del predio y contempla previamente la actualización del censo de las familias asentadas.

Mientras tanto, la Alcaldía convocó para este lunes un Consejo de Gobierno con el propósito de revisar las acciones que deberá adelantar frente a la situación.

Las familias permanecen a la espera de información oficial sobre el procedimiento y las medidas que se tomarán, mientras las autoridades avanzan en el cumplimiento de la orden judicial.