El Tribunal Administrativo del Tolima falló a favor una acción popular de los habitantes del barrio Ciudadela Simón Bolívar tercera etapa y le ordenó a la Alcaldía de Ibagué desalojar a las familias asentadas en la invasión conocida como Villa Resistencia. 

En el fallo del pasado 19 de junio, el magistrado John Libardo Andrade Flórez accedió a proteger los derechos de la comunidad a la seguridad, el medio ambiente, el goce del espacio público y la salubridad pública, que considera amenazados por el asentamiento ilegal ubicado en un predio del Municipio, que va desde la manzana 77 hasta la 83 del barrio Ciudadela Simón Bolívar.

Según el documento, la Alcaldía de Ibagué tendrá un plazo de dos meses para actualizar el censo y la caracterización de las personas asentadas en la invasión. Se les deberá garantizar "la información completa y detallada de la oferta institucional vigente por el Gobierno Nacional para que logren postularse a subsidios de vivienda para garantizar los derechos fundamentales de dicha población".

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Luego, la Alcaldía, junto a la Policía Nacional, tendrá un plazo máximo de seis meses para desalojar el predio y encerrarlo para así impedir una nueva invasión ilegal del espacio público. 

"Con la intención de evitar el retorno de invasores, el Municipio de Ibagué deberá presentar en el término de seis meses, una vez materializado el desalojo, la planeación, diseño y términos de ejecución de una obra en la que se destine el predio objeto de ocupación a un espacio público recreativo que permita el disfrute de la comunidad del sector", ordenó el Tribunal. 

En sus respuestas, la administración de la alcaldesa Johana Aranda intentó desmentir los perjuicios que causa el asentamiento ilegal a los residentes del sector y buscó demostrar que desde septiembre del 2023 avanza en el supuesto desalojo de Villa Resistencia. 

"No han sido efectivas las acciones que se afirma haber realizado, toda vez que permanece invadido el predio de su propiedad y, adicionalmente, no se ha cumplido con la obligación del propietario del inmueble de proteger en contra de terceros (...) Adicionalmente, las demoras en el adelantamiento de las actuaciones administrativas han beneficiado el desarrollo del asentamiento ilegal", contestó el magistrado ponente. 

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En el año 2021, en medio del caos que generó el estallido social, decenas de familias aprovecharon para invadir el predio ubicado entre la Ciudadela Simón Bolívar, la quebrada Agua Sucia y el sector de expansión de La Samaria. Para ese año, el total de personas que residían en la invasión era de 946, cifra que se ha multiplicado exponencialmente en los últimos cuatro años.

De hecho, habitantes del conjunto residencial Mandala, quienes también se consideran afectados por la inseguridad e impactos ambientales de Villa Resistencia, informaron que en los últimos días incluso empezaron a construir viviendas ilegales con materiales rígidos. Es decir, pasaron de cambuches o estructuras improvisadas a viviendas construidas con cemento y ladrillos. 

Esto aumentó la preocupación en la comuna Ocho de Ibagué por el foco de inseguridad, contaminación y hasta tráfico de estupefacientes en el que se ha convertido Villa Resistencia. Por lo que el Tribunal también amonestó a la Policía Nacional y a la Alcaldía. 

"Es patente que la problemática acaecida en el sector del asentamiento 'Villa Resistencia', a todas luces ha evolucionado hasta un punto que ha superado la capacidad de respuesta de la Administración (...) El esfuerzo del Municipio de Ibagué ha sido casi que nulo, permitiendo incluso la construcción indiscriminada de más unidades de vivienda en el sector, con el grave riesgo que eso representa para la comunidad", reza el fallo del Tribunal. 

Así pues, parece lejana una solución definitiva para las problemáticas desprendidas de Villa Resistencia, pese al fallo del Tribunal. Con los dos meses que dio el Tribunal para el censo y luego seis más para el desalojo, todo hace prever que solo hasta el 2026 podría haber una solución definitiva. Además, habrá que esperar un posible fallo de segunda instancia por parte del Consejo de Estado.