El Gobierno Nacional suspendió temporalmente los procesos de selección y concursos para proveer empleos públicos en el país, como parte de las medidas adoptadas para atender las consecuencias del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.

La decisión tomada en el paquete de decretos para atender la emergencia económica está contemplada en el artículo 7 del Decreto Legislativo 1384 de 2026, mediante el cual se ordena el aplazamiento de estos procesos hasta el 31 de diciembre de 2026.

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Esta medida cobija los procesos de selección y concursos destinados a proveer empleos públicos, así como los procedimientos para la conformación de ternas encaminadas a la designación de directores o gerentes regionales y seccionales.

El decreto también establece disposiciones específicas para los concursos que se encuentran actualmente en desarrollo. En estos casos, la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) podrá suspender o aplazar la aplicación de pruebas y otras etapas cuando determine que existe un riesgo para que las personas afectadas por la emergencia, o quienes residan en las zonas de desastre, puedan participar en condiciones de igualdad.

Sin embargo, la suspensión no cobija todos los procesos que adelanten las entidades. Cuando el representante de la respectiva entidad determine, mediante una decisión motivada, que la etapa correspondiente puede desarrollarse sin afectar los derechos de la población damnificada, el proceso podrá continuar.

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¿Qué pasa con los concursos que ya habían avanzado?

El decreto establece que las etapas que hayan sido válidamente realizadas antes de la entrada en vigencia de la medida conservarán todos sus efectos. Es decir, la suspensión no invalida las actuaciones que ya fueron adelantadas conforme a las reglas del concurso.

Los procesos que sean aplazados deberán reanudar sus actividades a partir del 1 de enero de 2027, retomando la etapa en la que se encontraban al momento de la suspensión.

La decisión se enmarca en las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno para facilitar la atención de la emergencia provocada por el sismo y evitar que las condiciones excepcionales derivadas de la tragedia terminen afectando el derecho de las personas damnificadas a participar en procesos de selección en igualdad de condiciones.