De acuerdo con manifestaciones del secretario del Interior de la Gobernación del  Tolima, Ricardo Suárez Guzmán, en las últimas horas se conoció que la Agencia Nacional de Tierras, ANT, asignaría terrenos ubicados en el municipio de Rovira a comunidades indígenas desplazadas.

Esta situación condujo a una sesión extraordinaria del Comité de Justicia Transicional del Tolima en donde se revisó la Sentencia 0171 de 2025 por cuanto las reubicaciones, amparadas por las leyes, deben darse en condiciones dignas.

El Secretario del Interior Suárez Guzmán hizo un enérgico llamado al Gobierno nacional porque “envían las víctimas reubicadas en el territorio sin que medie una información ni una concertación con las autoridades departamentales y municipales que permita unas condiciones dignas y seguras”.

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Sobre el particular, el alcalde de Rovira, Víctor Alfonso Gualtero, explicó que “no se nos ha notificado directamente a la administración municipal cuál es el predio, en qué vereda, estamos esperando que la Agencia Nacional de Tierras nos comunique, porque de ninguna manera podemos estigmatizar ni rechazar a estas personas que han sido víctimas del conflicto”.

Explicó el Alcalde de Rovira que “Lo que nos preocupa es que llegan mediante una sentencia por problemas de orden público y de seguridad y los reportes que tenemos de la Fuerza Pública en nuestro municipio, y por algunos hechos, es que en el área rural [obedecen a la] presencia de un grupo al margen de la ley con extorsiones, carnetización y control del territorio”.    

Agregó el alcalde Gualtero en que es urgente la comunicación de la ANT porque “en estos momentos, esos principios de seguridad y dignidad se requieren para estas personas víctimas de desplazamiento forzado” por cuanto, de ser ciertas las informaciones, los predios a entregar no contarían con los mínimos vitales para su supervivencia.

Desconexión

En esa misma línea, el secretario del Interior del Tolima, Ricardo Suárez Guzmán, expresó su malestar porque considera que el “gobierno nacional sigue desconectado del territorio, no asistió el Director Nacional de Tierras a un tema tan delicado como lo es una orden judicial, [y porque] no están dadas las garantías de seguridad ni para una reubicación digna; ya lo habíamos vivido en el municipio de Honda y de Suárez”.

De manera enfática el alto funcionario de la Gobernación del Tolima afirmó que “el gobierno nacional tiene un total desinterés por los derechos humanos de estas personas”, por lo que instó para que se logre la concertación requerida sin dilaciones ni evasiones.

Entre tanto, Ana María Enciso, delegada de la Defensoría del Pueblo en el Comité de Justicia Transicional del Tolima, expresó que la entidad tiene la “obligación legal y misional de acompañar estos procesos [de reubicación] dado que se trata de víctimas del conflicto armado. Dado el recrudecimiento del conflicto a nivel nacional y la escalada de violencia que ha llevado a los desplazamientos masivos”.

*Con información de la oficina de prensa de la Gobernación del Tolima