En Ibagué crece la polémica por el suministro de agua en el complejo residencial Arboleda del Campestre. Según la denuncia del colectivo Memorial Ciudadano, el sistema de abastecimiento operaría con agua que no cumple los estándares mínimos de calidad exigidos por el Decreto 1076 de 2015, poniendo en riesgo la salud de cientos de familias del sector.

De acuerdo con los denunciantes, la Constructora Bolívar habría comercializado el proyecto habitacional prometiendo que el agua para los apartamentos vendría del Acueducto Complementario de Ibagué, pero se terminó de construir la Arboleda y el acueducto seguía sin terminarse.

Para lograr la entrega apartamentos, se optó por una ‘conexión temporal’ a dos fuentes: el agua proveniente de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)  del IBAL en La Pola y de una Planta Tratamiento de Agua Potable (PTAP) en la Arboleda del Campestre, inicialmente administrada por la constructora y luego asumida por el IBAL en virtud del Convenio 003 de 2022.

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Agua turbia 

El conflicto surgió cuando varios residentes reportaron malos olores en el agua y problemas de salud, pero la gota que rebosó el vaso fue que, cuando por fin se terminó el Acueducto Complementario en 2024 y la Administración Municipal anunció que no se podía proporcionar agua a la Arboleda, luego de casi diez años de espera. Esto motivó a Memorial Ciudadano, integrado por profesionales de diferentes áreas  a revisar el origen del agua tratada en la (PTAP)  de la Arboleda.

Según la legislación ambiental colombiana, antes de seleccionar un punto de captación de agua destinada al consumo humano, es obligatorio elaborar un mapa de riesgo que identifique si se puede o no potabilizar el agua en una planta convencional. Pero en el caso  de la (PTAP) del Complejo Habitacional Arboleda Campestre este mapa no existía. Una evidente violación a la norma.

Cuando por fin se realizó, al parecer resultó que el agua captada en la parte baja del río Combeima, que viene con más del 70 % de los desechos de la ciudad, incluidos los desechos hospitalarios, sí era óptima para ser tratada en una planta convencional como la de la Arboleda. Sin embargo, Memorial Ciudadano dudó y continuó haciendo veeduría.

La veeduría encontró un informe del laboratorio Analquim, contratado por la firma Hydrochemical a su vez contrada por el IBAL, en el cual se habrían identificado niveles de contaminación en el agua captada del río Combeima que superarían los parámetros permitidos para ser tratada por una planta convencional como la existente en la Arboleda. Ya que el nivel de contaminación era muy alto.

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Memorial Ciudadano informó al IBAL y a la Alcaldía

Según la comunicación enviada al gerente del IBAL, Roberto Santofimio, el 15 de julio de 2025, quien acaba de asumir su cargo, Hydrochemical —empresa que no contaría con acreditación ONAC para este tipo de análisis— habría modificado los resultados entregados por Analquim, alterando la interpretación de los datos y presentando conclusiones que daban cumplimiento normativo, pese a evidencias contrarias.

Para la veeduría, esta “triangulación” de información buscaba ocultar que el agua captada no era apta para potabilización convencional, configurando un delito ambiental, de salud pública y posiblemente de lesa humanidad. En la denuncia se solicita suspender de manera inmediata la operación de la PTAP de Arboleda del Campestre, trasladar el caso a las autoridades penales y disciplinarias, realizar exámenes médicos a la población consumidora y elaborar un nuevo mapa de riesgo con un laboratorio acreditado, que incorpore información histórica del río Combeima.

Posteriormente, el 18 de julio de 2025, Memorial Ciudadano remitió una carta similar a la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, en su calidad de superior jerárquica del IBAL, solicitándole adoptar medidas frente a las presuntas irregularidades. Sin embargo, la mandataria no respondió dentro de los términos legales, lo que llevó a los denunciantes a interponer una acción de tutela para proteger su derecho fundamental de petición.

En primera instancia, el Juzgado Quinto Penal Municipal solo amparó el derecho frente al IBAL y exoneró a la Alcaldía. No obstante, la decisión fue apelada y en segunda instancia, el Juzgado Quinto Penal del Circuito revocó el fallo, considerando que la Alcaldesa sí debía pronunciarse, por ser responsable de garantizar la prestación eficiente del servicio de acueducto conforme a la Ley 142 de 1994.

El fallo, emitido el 7 de octubre de 2025, ordena a la alcaldesa Johana Aranda dar respuesta integral, en un plazo de 48 horas, a los cuestionamientos planteados por Memorial Ciudadano sobre las presuntas falencias en el sistema de agua del complejo Arboleda del Campestre.