La falla geológica de Ibagué no es un vestigio del pasado ni un dato marginal en los mapas de riesgo de la región. Según Ulises Guzmán, geólogo y coordinador de Gestión del Riesgo de Cortolima, esta estructura tectónica mantiene una actividad constante que representa una amenaza latente para millones de habitantes en el centro del país. Se trata de una fractura de rumbo horizontal con una extensión cercana a los 124 kilómetros, que atraviesa la Cordillera Central de los Andes. En Ibagué, cruza directamente el casco urbano y pasa por sectores como Boquerón, la Universidad del Tolima, Piedra Pintada, Versalles y la quebrada Hato de la Virgen, prolongándose hacia el municipio de Piedras y el río Magdalena.

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Las evaluaciones del comportamiento telúrico en la zona ganaron relevancia técnica tras la necesidad de identificar las fuentes tectónicas capaces de impactar a la capital colombiana. Un análisis científico enfocado en este corredor determinó que la falla de Ibagué, por su extensión y orientación oeste-este alineada con la placa del Pacífico, tiene el potencial de afectar de forma directa a cerca de 13 millones de personas, abarcando a Bogotá y a varios municipios aledaños.

Estudios paleosísmicos realizados mediante la datación por carbono 14 en trincheras del predio Los Romos revelaron un historial de al menos 11 desplazamientos sísmicos significativos en los últimos 8.000 años. El más reciente de estos movimientos ocurrió hace aproximadamente 800 años, coincidiendo de forma particular con periodos de intensa actividad eruptiva del volcán Cerro Machín.

A pesar de que el Cerro Machín suele acaparar la atención pública, Guzmán enfatiza que el riesgo real e inmediato para los habitantes de la capital tolimense radica en la falla geológica local. Mientras que la amenaza volcánica permite margen de maniobra o evacuación, la ruptura directa de la falla bajo las zonas pobladas no otorga tiempo de reacción y encontraría a la población sobre el punto crítico del movimiento.

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El especialista advierte que Ibagué enfrenta un rezago normativo e institucional en materia de prevención sísmica. La ciudad no cuenta con un estudio de microzonificación actualizado y adoptado oficialmente que permita conocer la verdadera respuesta de sus suelos ante un sismo de gran magnitud. La microzonificación sísmica explica cómo cada tipo de suelo reacciona frente a un terremoto: en otras palabras, no toda la ciudad tiembla igual, y estos análisis revelan qué zonas pueden amplificar con mayor intensidad las ondas sísmicas.

La ausencia de esta herramienta técnica impide regular con efectividad las licencias de construcción y establecer qué tipo de reforzamiento estructural requieren las edificación existentes. Sin la aplicación estricta de las normas de sismorresistencia vigentes, las edificaciones de varios pisos quedan expuestas no solo a sufrir severos daños materiales, sino a provocar la pérdida de vidas humanas.

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Frente a este escenario, la gestión del riesgo debe traducirse en decisiones urbanísticas responsables que prioricen la seguridad estructural. La ciudadanía y las autoridades locales están llamadas a tomar conciencia sobre las amenazas del territorio, entendiendo que la preparación, el conocimiento del suelo y el estricto cumplimiento de las normas de construcción son la única garantía de protección ante un eventual evento telúrico.