El Tribunal Superior de Ibagué ratificó en segunda instancia la condena de siete años de prisión contra el exalcalde del municipio de Prado, Álvaro González Murillo. Un juzgado de conocimiento de Purificación confirmó la condena por su participación en un entramado de corrupción.

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El Tribunal impuso una pena de prisión de siete años y cuatro meses por los delitos de prevaricato por acción, fraude procesal, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Todo inició por un decreto de enero de 2016 que firmó González Murillo para revocar la urgencia manifiesta declarada por la administración anterior. Lo hizo con el fin de terminar de manera unilateral los contratos de obra y de interventoría para la construcción de un puente  sobre el río Negro que había colapsado 15 años atrás. 

La decisión del entonces alcalde de Prado se justificó en la falta de una licitación pública para la escogencia del contratista.

"En abril de 2016, González Murillo revocó el decreto que expidió en enero, dejando vigente nuevamente la medida de urgencia manifiesta, pero promulgó resoluciones para terminar de manera unilateral los contratos de obra y de interventoría del puente por falta de idoneidad de los contratistas, lo que resultó ser falso", explicó la Fiscalía. 

Para julio del mismo año, expidió un nuevo decreto de urgencia manifiesta que utilizó para contratar de nuevo la construcción del puente por $2.315’096.060 y la interventoría por $169.265.460, lo que ocurrió el primero de agosto de 2016.

"Otras de las irregularidades cometidas por el exalcalde y demostradas en juicio por la Fiscalía, es la no convocatoria pública para una licitación", puntualizó la Fiscalía. Es decir, volvió a contratar sin licitación pública, que era la supuesta excusa que utilizó para tumbar el contrato de su predecesor. 

"Finalmente, remitió toda la documentación a la Contraloría General de la República para obtener concepto favorable sobre la urgencia manifiesta, pero el ente de control fiscal definió que ni la declaratoria de 2015 y la de 2016 cumplían con los requisitos de legalidad por falencias relacionadas con la planeación, celebración y ejecución de la obra", finalizó la Fiscalía.