El veedor Braulio Anacona presentó una denuncia pública ante los organismos de control por presuntas irregularidades en la licitación SA-SIE 001 de 2026 , mediante la cual la Alcaldía del Líbano busca contratar el suministro de materiales de construcción por $1.321.257.695 para obras de infraestructura urbana y rural.

Según la denuncia, el proceso habría sido reactivado el 17 de julio luego de permanecer cerca de tres meses sin movimiento desde que se recibieron observaciones de varias oferentes en abril .

Uno de los aspectos que genera preocupación es que el cierre de la licitación fue programado para las 10:00 de la mañana de este jueves 23 de julio, inmediatamente después de un fin de semana con festivo, situación que, según el denunciante, redujo el tiempo para que otros interesados ​​prepararan y presentaran sus ofertas.

• Puede leer:  Vía Líbano - Villahermosa recibirá inversión de 30 mil millones de pesos

Además, Anacona cuestiona presuntos sobrecostos en varios ítems del presupuesto oficial , al asegurar que los valores superarían los precios del mercado para materiales de ferretería y construcción.

Otra de las observaciones apunta a que la administración habría flexibilizado requisitos financieros, organizacionales y de transporte mediante respuestas a observaciones publicadas el 17 de julio, cambios que, según el denunciante, favorecerían a un proponente específico.

Además, afirma que dos de los proponentes que presentaron cotizaciones son primos hermanos, propietarios de ferreterías ubicadas en el Líbano y Fresno , respectivamente, situación que solicita sea revisada por las autoridades para establecer si existe alguna incompatibilidad o conflicto de intereses.

El presunto beneficiado

Anacona señaló que el eventual beneficiario del contrato sería Inversiones Zuluaga , firma propietaria de la Ferretería La Única del Líbano. Sostiene que, presuntamente, el empresario habría apoyado la campaña de la alcaldesa Beatriz Valencia.

• También:  El empréstito al que le temen en el Líbano

Asimismo, asegura que la empresa habría actualizado recientemente su Registro Único Empresarial y Social (RUES) para cumplir con las condiciones exigidas en el proceso y cuestiona si realmente acredita la experiencia mínima requerida para ejecutar un contrato por más de $1.300 millones.

En la denuncia se solicita a la Alcaldía suspender el proceso de contratación, mientras que a la Procuraduría, Personería, Contraloría y Fiscalía se les pide adelantar las investigaciones correspondientes para verificar la legalidad del procedimiento y determinar si existieron irregularidades o favorecimientos indebidos.