Este miércoles 3 de septiembre, el periodista José Manuel Vega de la Cruz deberá comparecer a una audiencia en la que la Fiscalía le imputará cargos por presunta extorsión, en un proceso que ha generado controversia nacional.

Organizaciones de libertad de prensa, entre ellas la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), han advertido que el caso constituye un ejemplo de acoso judicial contra un reportero que investigó a poderosos sectores políticos y económicos del Cesar.

Vega, fundador del medio digital El Periódico – Prensa Libre, denunció en 2021 presuntas irregularidades en contratos públicos que vinculaban a integrantes del clan Gnecco y al entonces representante conservador Ape Cuello. Poco después, fue víctima de una agresión física y amenazas de muerte tras reunirse con Andrés Arturo Fernández, exsecretario de Ambiente de Valledupar y miembro de esa poderosa casa política.

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Una petición al estilo gánster

Al enterarse de que su nombre aparecería en la investigación, Fernández contactó directamente al periodista y lo citó a una reunión en Valledupar, el 20 de octubre de 2021. Vega aceptó pensando que se trataba de un espacio para escuchar la versión del funcionario antes de publicar el reportaje.

Sin embargo, la reunión se tornó violenta. Según el relato de Vega y lo documentado por Cambio e Infobae, Fernández lo increpó fuertemente, lo golpeó y lo acusó de intentar “extorsionarlo” para evitar la publicación. En medio del altercado, uno de sus escoltas sacó un arma y lo encañonó al periodista, aumentando el nivel de amenaza.

Periodista denunciado por extorsión

Aunque en 2022 la justicia archivó la denuncia de extorsión que Fernández intentó interponer en contra Vega, el expediente fue reabierto en 2024 sin que se conocieran nuevas pruebas. Desde entonces, el periodista sostiene que se enfrenta a un montaje judicial que busca silenciarlo. La presión lo obligó a cerrar su medio de comunicación y exiliarse junto a su familia en 2024.

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La audiencia, que inicialmente estaba prevista para el 20 de agosto, fue aplazada a solicitud de la defensa de Vega y quedó fijada para el 3 de septiembre. Allí, un fiscal de Cúcuta presentará la imputación y pedirá medida de aseguramiento en su contra.

La FLIP ha reiterado que este proceso no solo pone en riesgo la libertad personal del comunicador, sino que también constituye un mensaje intimidatorio contra la prensa independiente en regiones dominadas por estructuras políticas tradicionales. “Se trata de un uso abusivo del derecho penal para perseguir la labor informativa”, señaló la organización en un pronunciamiento reciente.

Con la audiencia del miércoles, se definirá si el periodista, José Manuel Vega, hoy en el exilio, deberá enfrentar una medida restrictiva de la libertad, mientras las denuncias del periodista contra Fernández, integrante de la casa política clan Gnecco, no han tenido mayores avances judiciales.