Este viernes 8 de agosto trascendió que, en un documento de 799 páginas, la Corte Suprema de Justicia llegó a la conclusión de que el gobierno del presidente Gustavo Petro habría comprado congresistas en el año 2023, a cambio de la aprobación de cupos de endeudamiento. 

De acuerdo con el informe revelado por W Radio, durante la gestión del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se habrían comprado o sobornado a congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público en 2023, entre ellos Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Diego Muñoz, Julián Peinado y Juan Pablo Gallo.

Según se lee, entre el 23 de septiembre y el 15 de diciembre de 2023, se habrían celebrado reuniones entre altos funcionarios del Gobierno y los congresistas para acordar la asignación de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a cambio de los votos positivos para los cupos de endeudamiento. 

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"El peligro que se generó para el bien jurídico de la administración pública se encuentra acreditado en esta actuación, al constatarse que los sindicados, en calidad de congresistas y miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado promesa remuneratoria por el cumplimiento de una función asesora que les asigna la ley”, reza el documento. 

Para destapar el entramado delictivo, fueron claves los chats de WhatsApp que suministró María Alejandra Benavides, exasesora del exministro Bonilla, quien se ha mostrado dispuesta a colaborar con la justicia. En los chats se nota la preocupación del Gobierno nacional por las dilaciones y presiones ejercidas por los congresistas, a quienes habrían tenido que comprar para poder agilizar los trámites.

"En tal sentido, los mutismos, las cancelaciones del 4 de octubre y el 14 de diciembre, los aplazamientos o las aprobaciones de los conceptos reflejarían, más que preocupaciones o respaldos a la política de financiamiento externo del Estado colombiano, el avance de una probable negociación criminal entre varios congresistas y agentes del Ministerio de Hacienda", aseguró la Corte. 

Por ese mismo informe de casi 800 páginas, la Corte compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a 11 posibles involucrados en el entramado de corrupción, entre ellos el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. A Jaramillo se le cuestiona su participación en una reunión secreta del 27 de noviembre de 2023, en la que se habría acordado la distribución de contratos para los congresistas en diferentes carteras del Gobierno. 

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"Lo expuesto permite sostener que ese espacio, dirigido por el director del DAPRE y del que hizo parte la reunión del 27 de noviembre, funcionó con cierta informalidad y opacidad en cuanto a las personas convocadas y los asuntos que allí se discutirían. De cualquier manera, es claro para la Sala que los asuntos allí discutidos se quisieron mantener en secreto", señaló la Corte.

Por tanto, contrario a lo dicho en su momento por el presidente Petro, todo apunta a que el exministro de Hacienda sí habría estado enterado de la compra de congresistas, al igual que su viceministro Diego Guevara. 

Ahora, el máximo tribunal de la justicia colombiana deberá decidir si llama a juicio a los involucrados, quienes han resultado también salpicados por los testimonios del exdirector de la UNGRD, Olmedo López; el exsubdirector, Sneyder Pinilla; y la entonces alta consejera para las Regiones, Sandra Ortiz. Todos privados de la libertad tras demostrarse su responsabilidad en los actos de corrupción.