La Alcaldía de Ibagué acaba de adjudicar un contrato por $30.000 millones para responder a uno de los principales reclamos de la ciudadanía: la malla vial. Sin embargo, los contratistas elegidos para ejecutar las obras generan serias dudas por un pasado de incumplimientos, retrasos y en algunos casos hasta de ‘chambonadas’.

De acuerdo con Matheus Saavedra, secretario de Infraestructura de Ibagué, fue adjudicado el contrato para pavimentar un total de 200 cuadras en los barrios de la ciudad que ya cuentan con el certificado de alcantarillado. Entre ellos figuran Santa Bárbara, San Carlos, El Triunfo, Villa Marlén, Villa del Sol, Boquerón, Villa Luces, Ricaurte, Protecho Salado, Alaska y otros más.

El funcionario también explicó que la intervención no se trata de reparcheos sino de una pavimentación que mejorará drásticamente la calidad de vida de las familias ibaguereñas y que dará inicio luego de la legalización de este proceso.

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Ahora bien, el contrato fue dividido en dos lotes de obras. Uno de los lotes fue adjudicado a la Unión Temporal Urbanas y el otro al Consorcio Ibagué Vial Urbano 2025. Aunque se presentaron un total de 20 oferentes de diversas regiones del país, resultaron como ganadores dos viejos conocidos de la contratación pública en Ibagué y el Tolima.

La Unión Temporal Urbanas está integrada por Asfaltemos SAS y Agregados Martínez SAS. El representante legal es el ingeniero Andrés Eduardo Trujillo Arango, quien es el dueño mayoritario de Asfaltemos desde el año 2009, año de su fundación durante el gobierno del exalcalde de Ibagué, Jesús María ‘Chucho’ Botero. Precisamente, desde esa época se le vincula a Asfaltemos y a sus dueños con el exalcalde. Desde su fundación, incluso a partir del gobierno de Chucho Botero, Asfaltemos se convirtió en un asiduo contratista de casi todas las administraciones locales y departamentales de turno.

Se le recuerda por fallidos proyectos como la vía Ibagué–Rovira, que la Gobernación del Tolima le adjudicó a Asfaltemos desde el 2019 por más de $25.000 millones. Más de cinco años después, y con adiciones que superan los $12.000 millones, todavía no se conocen noticias sobre la culminación del proyecto.

Asfaltemos también es recordada por la polémica pavimentación de la avenida Mirolindo de Ibagué durante el gobierno del exalcalde Andrés Hurtado, en el que fue uno de sus contratistas estrellas. En su momento, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación formal por las fallas del proyecto, que inicialmente costaba $2.000 millones, pero después requirió otros $700 millones para que el contratista culminara obras como cunetas, desagües o canalizaciones.

Por su parte, el Consorcio Ibagué Vial Urbano 2025 está conformado por Ortigoza Giraldo Ingeniería SAS (70 %) y Ricardo Ortigoza González (30 %). Este último es el propietario mayoritario de la empresa que tiene el 70 % de participación, el representante legal del consorcio y por tanto dueño del contrato.

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Se trata de un ingeniero muy reconocido en Ibagué, de larga trayectoria. No obstante, en su historial también figuran polémicos proyectos como el puente de El Totumo, por el que la Gobernación del Tolima le pagó $4.200 millones en el 2017. Dicho proyecto pasó a costar $2.000 millones más y se demoró 51 días más de los 90 previstos inicialmente.

Sin embargo, el ingeniero también ha sido objeto de elogios, como el que le prodigó la gobernadora Adriana Magali Matiz el pasado mes de febrero, tras culminar las obras del puente en la vía Ambalema–Palobayo:

“Es así como los queremos, que cumplan con los términos de los contratos porque si no lo hacen, mano dura irá a haber, ¿cierto? Entonces, ingeniero, a todos ustedes, a los operarios, también un saludo especial y un agradecimiento para ustedes por este proyecto y por la dedicación y el cariño que le colocaron a esta obra”, expresó entonces la mandataria.

Ahora, ambos contratistas tienen el reto de cambiarle la cara a las vías internas de Ibagué en el transcurso de los próximos 10 meses, tiempo de ejecución establecido para las obras.