Cansado y ofuscado, el Concejal de Ibagué Andrés Zambrano del partido Alianza Verde, declarado en oposición al Gobierno municipal, no tuvo otra salida que  acudir al Consejo Nacional Electoral, CNE, e interponer una Acción de Protección contra el IBAL por no responder oportunamente una petición en el marco del Estatuto de la Oposición.

En su petición al IBAL, el concejal Zambrano solicitaba que la empresa le brindara información oportuna sobre el estado de las obras del acueducto complementario, el combo 3X1, la continuidad en la prestación del servicio de agua y el tratamiento de las aguas residuales en Ibagué. (Lea aquí: Las volteretas de la alcaldesa Aranda frente al acueducto complementario de Ibagué)

El concejal Andrés Zambrano en la solicitud al CNE, hace alusión al artículo 3 de la Ley Estatutaria 1909 de 2018, en la claramente indica que la oposición es un derecho fundamental autónomo que goza de especial protección del Estado y las autoridades.

Dilación tras dilación

Según esta ley, en su artículo 11, uno de los derechos que tienen las organizaciones políticas declaradas en oposición es el acceso a la información y a la documentación oficial. Adicionalmente, el concejal Zambrano de forma precisa cita el artículo 16, en el que enfatiza este derecho de la siguiente manera: "Las organizaciones políticas que se declaren en oposición tendrán derecho a que se les facilite con celeridad, la información y documentación oficial, dentro de los cinco (5) días siguientes a la presentación de la solicitud".

Fundamentado precisamente en este artículo, el 16 del Estatuto de Oposición, el pasado 30 de agosto el concejal Zambrano, envió al IBAL una solicitud de información, bajo el radicado 17367; solicitud que debió ser resuelta por la empresa el pasado 5 de septiembre, según los términos de ley. Luego, el 2 de septiembre el IBAL le indica que la petición será resuelta en un término de 15 días hábiles contados a partir de la fecha; desde ahí, se evidenciaba el incumplimiento a la normativa anteriormente mencionada. En otras palabras, se empezaba a dilatar la respuesta.

• Puede leer: La cascada de aguas fecales que amenaza el río Combeima y Arboleda Campestre

Posteriormente, el 10 de septiembre, el director de planeación del IBAL Jorge Elmer Díaz Morales, remitió un correo al concejal Zambrano donde le informaba que la información sería resuelta dentro de los 5 días siguientes, es decir el 16 de septiembre. Esta fecha también fue incumplida, pues no fue resuelta la solicitud, y en cambio el peticionario recibió un nuevo oficio por parte del director del IBAL, diciendo que su solicitud sería resuelta el 23 de septiembre, fecha que de nuevo fue incumplida.

Finalmente, el 23 de septiembre se le indicó por parte del Director de Planeación, que la próxima fecha para dar respuesta, sería el martes 15 de octubre; es decir, un mes y 10 días después, lo que significa que se incumple lo señalado por el Estatuto de la Oposición, que son los cinco días de plazo para responder.

“Es evidente el desconocimiento del derecho fundamental a la oposición política por parte de la empresa IBAL en cabeza de su gerente Erika Palma y su director de planeación Jorge Díaz, por tanto, le corresponderá al Consejo Nacional Electoral, determinar cuáles serán las consecuencias que deberá enfrentar el IBAL por su incumplimiento. Cabe recordar que lo ordenado por el CNE es de obligatorio cumplimiento, o podrá verse sancionada con la imposición de multas hasta de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según lo establecido en el literal i del artículo 28 de la Ley 1909 de 2018”, dijo el concejal Andrés Zambrano.

• Lea también: Piden al IBAL permitir controles a la calidad del agua de Arboleda Campestre

Se espera que al final de esta misma semana se conozca la decisión del CNE.