El periodista Julio Sánchez Cristo dio a conocer información según la cual Colombia saldría de la Corte Penal Internacional (CPI). Según sus fuentes, en La Haya “dan por segura la salida” del país, una decisión que tendría implicaciones en el tratamiento judicial del conflicto colombiano.

La información se conoce luego de la solicitud realizada el pasado miércoles 12 de agosto por el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, a los 19 países miembros de la Coalición de las Américas contra los Cárteles, para que abandonen la Corte Penal Internacional, al considerar que el tribunal representa un peligro para Estados Unidos.

La eventual salida de Colombia también se produciría en un contexto de restablecimiento de las relaciones con Israel. El Gobierno colombiano ya reconoció los Altos del Golán como parte de Israel.

Cabe recordar que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la ofensiva israelí en Gaza.

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Las implicaciones

Para Colombia, la Corte Penal Internacional ha desempeñado un papel importante en el seguimiento de los compromisos de justicia derivados del proceso de paz con las Farc. El tribunal también ha sido una instancia de referencia frente a las actuaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), particularmente en materia de justicia y lucha contra la impunidad.

La académica Sandra Borda considera incomprensible una eventual salida de Colombia de la CPI y recuerda que fueron gobiernos de derecha los que impulsaron la incorporación del país al tribunal internacional como un mecanismo para disuadir a los grupos armados y establecer responsabilidades frente a sus acciones contra la población civil.

Borda recordó que fue el gobierno de Andrés Pastrana el que vinculó a Colombia a la CPI “para tener un instrumento disuasivo contundente en contra de los grupos subversivos”.

También señaló que, durante el gobierno de Álvaro Uribe, la CPI fue utilizada como argumento para cuestionar el proceso de paz y advertir sobre posibles escenarios de impunidad.

“Fue un gobierno de derecha —el de Álvaro Uribe— el que usó constantemente a la Corte Penal Internacional para amenazar la estabilidad del acuerdo de paz con el argumento de que la CPI debería encargarse de que no existiera impunidad”, señaló Borda.

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¿Qué pasaría con los casos?

La eventual salida de Colombia del Estatuto de Roma no implicaría que la CPI pierda automáticamente competencia sobre todos los hechos relacionados con Colombia. De acuerdo con las reglas del tratado, la salida produce efectos hacia el futuro y no elimina la competencia de la Corte sobre hechos o situaciones ocurridos mientras el país era Estado parte.

Por ello, los hechos que ya estén bajo la competencia de la CPI podrían continuar siendo examinados. En cambio, la salida limitaría su competencia sobre nuevos hechos cometidos después de que el retiro produzca efectos, salvo las excepciones contempladas por el derecho internacional.

La decisión, además, abriría un debate sobre el futuro de la justicia transicional en Colombia y el papel de la JEP como principal mecanismo para investigar y sancionar los crímenes cometidos durante el conflicto armado.