Lo que durante años se grabó en la memoria colectiva de Colombia como la cifra trágica de los "falsos positivos" ha dado un salto doloroso. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó que el número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales identificadas hasta el momento y que el país conoció como de 6.402 ahora ha ascendido a 7.837.

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Este incremento no implica que los crímenes hayan ocurrido recientemente, sino que la justicia transicional ha logrado documentar casos que antes permanecían en la sombra. Según explicó el magistrado Pedro Díaz, el número de 6.402 —que correspondía estrictamente al periodo de mayor auge de esta práctica entre 2002 y 2008— será reemplazado por esta nueva estadística de 7.837 víctimas, documentadas en un rango de tiempo mucho más amplio: entre 1990 y 2016.

¿Por qué cambió la cifra?

La clave del aumento reside en la metodología del Grupo de Análisis de la Información (GRAI) de la JEP. La cifra inicial de 6.402 se centraba en el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, donde el fenómeno fue masivo y sistemático. Sin embargo, al abrir el foco de investigación, el panorama se tornó aún más dantesco.

"Cuando aludimos a la cifra inicial, tomamos el periodo 2002-2008. Pero el GRAI amplió la revisión desde 1990 hasta 2016. Al incluir esos años adicionales, aparecieron muchos más casos que no estaban en el radar inicial", señaló el magistrado Alejandro Ramelli, presidente del tribunal.

Este nuevo balance es el resultado de un cruce de datos riguroso que incluye: Informes detallados entregados por las organizaciones de víctimas desde 2018. Bases de datos de la Fiscalía General de la Nación. Expedientes de la Procuraduría General e investigaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Antioquia: el epicentro de la tragedia

El informe pone una lupa especial sobre el departamento de Antioquia, que se consolida como la región más afectada por esta práctica criminal. Solo en este departamento, la JEP ha identificado 1.932 muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate entre 1990 y 2016.

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Es importante destacar que estos 7.837 casos pertenecen exclusivamente al Macrocaso 03, el cual investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. La JEP advirtió que esta cifra no es definitiva; por el contrario, se estima que el número seguirá aumentando a medida que avancen las versiones voluntarias de los comparecientes y se contrasten nuevos informes de víctimas en otras regiones del país.

Hay que recordar que las madres de Soacha y otras organizaciones de víctimas han mantenido viva la memoria de los 6.402, una cifra que hoy se queda corta ante los nuevos hallazgos judiciales.