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Coljuegos pide cerrar las redes sociales de influencers por rifas ilegales

Coljuegos pide cerrar las redes sociales de influencers por rifas ilegales

Yeferson Cossio, Epa Colombia y La Liendra.
 

En una misiva, Coljuegos les pidió a la compañía Meta y la Policía Nacional, que cierren 289 perfiles en redes sociales, entre ellos los de algunos influencers muy reconocidos como Yeferson Cossio, Epa Colombia y La Liendra.

Esto, debido a las rifas que realizan estos influencers a través de sus redes sociales, por las cuales no pagan ningún impuesto al Estado colombiano. De esta manera, habrían violado el ordenamiento legal del país, el cual establece que toda actividad de suerte o azar debe ser autorizada por Coljuegos. 

"Estarían dejando de pagar recursos que posteriormente son transferidos al sistema de salud", puntualizó Marco Emilio Hincapié, presidente de Coljuegos. 

A través de sus cuentas en Facebook e Instagram, los influencers han rifado diversos artículos, inmuebles y hasta dinero en efectivo. Por lo que deberían pagar un impuesto del 14 %, según establece Coljuegos. 

“Estamos investigando a las personas naturales y jurídicas que rifan bienes muebles, inmuebles y dinero en efectivo en redes sociales, pero que no piden las autorizaciones. Además de incurrir en una presunta violación al ordenamiento penal, estas personas estarían dejando de pagar recursos que posteriormente son transferidos al sistema de salud”, explicó Hincapié. 

El presidente aclaró que las rifas no están prohibidas. Las irregularidades consisten en realizarlas sin los permisos necesarios de Coljuegos. 

"Invitamos a todas las empresas e influenciadores interesados en operar rifas para que se acerquen a las entidades competentes y soliciten sus respectivas autorizaciones. De esta manera, podrán tener la tranquilidad de que no están incurriendo en un delito y, además, contribuirán con la salud de los colombianos", manifestó. 

Por último, advirtió que los influencers podrían afrontar multas de hasta 140 millones de pesos y podrían ser condenados hasta 8 años de prisión por el delito de ejercer una actividad monopolística del Estado.

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