La gran apuesta anticorrupción del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, fue dada a conocer este jueves a través de una rueda de prensa. Allí señaló que creará un Sistema Nacional Anticorrupción, el cual será una prioridad central de su eventual gobierno para enfrentar la “macro corrupción” infiltrada en el Estado.

“La corrupción se ha convertido, ustedes lo saben, en un problema estructural de la sociedad colombiana”, explicó Cepeda e “impide la eliminación de la pobreza y la eliminación de la desigualdad social”.

Y agregó: “Ha dejado de ser una desviación excepcional de algunos funcionarios; se ha convertido en una estructura organizada que opera mediante redes políticas, burocráticas, económicas y criminales que atraviesan buena parte del aparato institucional en todos sus niveles y en todas sus instituciones”.

El sistema tendrá un enfoque integral: no solo buscará sancionar responsables, sino desmontar las redes de poder que se apropian de los recursos públicos.

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Además, contará con herramientas tecnológicas avanzadas, como inteligencia artificial, interoperabilidad de datos y analítica de contratación pública para prevenir hechos de corrupción.

Para ello, destacó cuatro aspectos clave. El primero es la creación del Sistema Nacional Anticorrupción: “Un sistema integral, permanente, coordinado y orientado no solamente a sancionar, castigar e identificar responsables, sino a desmontar las estructuras de poder que han convertido los recursos públicos en patrimonio privado”.

El segundo componente es la presentación ante el Congreso de la República de un proyecto urgente: la Ley Nacional Anticorrupción. “Esta ley será una herramienta de carácter decisivo para fortalecer la transparencia institucional, simplificar los trámites al interior del Estado, combatir la impunidad y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas”, explicó el candidato.

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Cepeda aseguró que la corrupción será tratada como una forma de criminalidad organizada y que los grandes corruptos no tendrán privilegios como la reclusión domiciliaria ni beneficios judiciales especiales para evadir la justicia.

Además, afirmó: “No más investigación caso por caso, individuo por individuo; se van a investigar las redes, los aparatos y entramados de corrupción”.

Como tercer elemento, planteó promover la participación ciudadana y social en la política anticorrupción. “Nuestro gobierno va a auspiciar en todos los niveles la participación social y ciudadana en el control, la vigilancia y la auditoría de los recursos públicos, la contratación y la ejecución de las obras públicas”, señaló.

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“Vamos a fortalecer la participación de la sociedad civil y de la ciudadanía en auditoría, vigilancia y definición del gasto público. Igualmente, esa participación incluirá movimientos sociales, organizaciones comunitarias, academia y sector privado”, agregó.

El cuarto anuncio fue el nombramiento del exministro, exmagistrado y actual embajador en Italia, Iván Velázquez Gómez, como líder del Sistema Nacional Anticorrupción.

“Me permito anunciar hoy que el exministro, exmagistrado y actualmente embajador en Italia, Iván Velázquez Gómez, liderará en mi gobierno el Sistema Nacional Anticorrupción y tendrá la responsabilidad de dirigir, organizar y poner en marcha su funcionamiento”, indicó.

Cepeda señaló que el actual embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Colombia ante la Santa Sede posee las cualidades necesarias para asumir este rol estratégico dentro de su gobierno, debido a su experiencia como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, donde coordinó entre 2006 y 2012 las investigaciones relacionadas con la parapolítica, así como su trabajo en la CICIG de Guatemala, donde lideró casos de alto nivel contra redes de corrupción.

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“Su labor estará igualmente encaminada a desarrollar las acciones tendientes a desmantelar las redes criminales y mafiosas que durante años se han enquistado en distintos niveles e instituciones del Estado”, afirmó.

Finalmente, aseguró: “Quiero reiterar hoy ante ustedes que quien robe los recursos públicos de los colombianos tendrá que responder ante la justicia y devolver hasta el último peso de lo apropiado ilegalmente”.

Según Cepeda, este objetivo busca recuperar la ética pública, proteger los recursos de la nación y devolverle a la ciudadanía la confianza en las instituciones colombianas.