El derrumbe ocurrido este sábado en la mina ilegal, presuntamente ilegal, Las Cruces, en la vereda Mesa de Pole, dejó cinco personas fallecidas y dos heridas, reactivando las alarmas sobre la minería ilegal y los riesgos que enfrentan los trabajadores mineros en el sur del departamento.

A la zona llegaron organismos de socorro, tres ambulancias, personal de la Defensa Civil, funcionarios del Concejo Municipal y dos camionetas de la Alcaldía para atender la emergencia. 

Pronunciamiento de la Gobernación

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, desde el Municipio de Venadillo donde antiende la emegercia por el desbordamiento del rio, lamentó la tragedia y confirmó que parte del equipo del Gobierno Departamental se desplazará al municipio para apoyar las labores de atención y verificación.

Matiz aseguró que el departamento viene adelantando una campaña fuerte contra la minería ilegal para hacer conciencia en las comunidades y frenar prácticas que están poniendo en riesgo vidas y destruyendo el territorio.

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Testimonios de la comunidad

Habitantes del municipio le indicaron a El Cronista.co que esta tragedia era previsible, pues desde hace tiempo se conoce las operaciones clandestinas en la zona sin que las autoridades tomen acciones efectivas. 

“Eso aquí se sabe que hay gente con mucho dinero y poder porque las autoridades hacen como si no vieran, o se la montan a gente que no es la que compra esas máquinas porque eso es caro… se la montan al que por necesidad se va allá a trabajar y a joderse”, señaló una habitante del municipio.

Otro habitante de Ataco, activista ambiental, que pidió no revelar su identidad. Cuestionó la efectividad de las campañas preventivas:

“¿A usted de qué le sirve que le pasen un volante y le digan que eso es peligroso? La gente ya sabe que es peligroso y aun así va, y hasta se enfrentan con la autoridad para evitar que cierren eso, pero todo es por necesidad. Eso no es de ahora y no es solo un problema de la minería ilegal: aquí en Ataco ha habido muertos por denunciar operaciones ilegales y también irregularidades en operaciones legales. En lugar de volantes deberían mejorar las condiciones de vida e investigar a los intocables,  a los que de verdad se benefician, los dueños de las operaciones que compran  funcionarios públicos, como pan en una esquina”, expresó el ambientalista.

Las comunidades insisten en exigir intervención real, cierre de los puntos ilegales, decomiso de maquinaria y medidas sociales que reduzcan la vulnerabilidad económica que empuja a cientos de personas a estos trabajos riesgosos.

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Un problema que ya deja seis muertos en el año

El derrumbe de este sábado se suma al ocurrido el 8 de agosto en la vereda Anape, que dejó una víctima fatal y reveló la existencia de un complejo minero ilegal de gran escala. Con esta nueva emergencia, Ataco acumula seis fallecidos por accidentes mineros en lo que va del año.

La comunidad advierte que, de no haber decisiones de fondo, la minería ilegal y las irregularidades en algunas operaciones legales seguirán cobrando vidas.