Afirma la veeduría VAPI “Que el alcalde de Ibagué, reúna a los habitantes de La Arboleda Campestre para decirles que en la Constructora Bolívar, son unos indolentes, porque “No le importa seguir construyendo y que ustedes no tengan agua”, es una manifestación absolutamente cínica”.

En ese orden, agrega la veeduría VAPI a través de su presidente, el ingeniero Luis Fernando Díaz, que el Alcalde como presidente de la Junta Directiva del Ibal tiene una profunda responsabilidad, al igual que otros alcaldes, al haberle expedido a los dueños de esas tierras donde hoy se construye La Arboleda Campestre (Plan Parcial El Zorro), la factibilidad hidrosanitaria que convirtió a esos terrenos en área urbanizable y posteriormente, expedirle a la constructora las disponibilidades de servicio de acueducto (por lo menos 6), en un periodo de tiempo de 6 años.

También señala VAPI que la primera disponibilidad se expidió en septiembre 6 de 2013 y la última, “hasta donde tenemos conocimiento data de mayo 24 de 2018), con las cuales acudieron ante los muy diligentes curadores urbanos, a tramitar al amparo de la ley, las autorizaciones para construir”.

Responsabilizan a Alcaldía e Ibal

Asegura esta veeduría que “Con esos dos documentos, factibilidad y disponibilidades, el municipio y sus alcaldes, entregaron mediante los curadores urbanos, licencias de urbanismo y de construcción al urbanizador (51 licencias hasta la fecha), las cuales, sin lugar a dudas, son auténticas “Patentes de Corso”, pero que les generaron derechos y legalidad a sus actuaciones”.

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Entonces, reitera que “en este caso, el verdadero responsable del drama que a diario viven los residentes de La Arboleda Campestre, no es otro que la alcaldía de Ibagué y el IBAL, con la concurrencia de otras autoridades”.

Afirma VAPI que “Justo es precisar, que la del alcalde y su Junta Directiva del IBAL, no es la única responsabilidad” y para ello expone las consabidas razones.

“Tal y como nos lo ha hecho saber la Contraloría General mediante su informe sobre los espurios Planes Parciales de la ciudad, el plan parcial El Zorro se hizo terreno urbanizable, gracias al Decreto 223 de 2018, soportado este en la muy dudosa factibilidad de servicios de acueducto (y alcantarillado?), de enero 6 de 2017, emitida por la Oficina de Planeación del IBAL, en la cual se da vía libre a la construcción de 6.500 viviendas, advirtiendo eso sí, que no le podían garantizar alcantarillado, pero que él, el urbanizador, debía solucionar ese pequeño detalle, por su cuenta, contando eso sí, con el beneplácito de Cortolima”.

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Sobre esta situación, VAPI dice que “Frente a esta complaciente e irregular actuación del IBAL, acaso alguien diferente a la Contraloría General, se ha preguntado: Luego, no dice la ley, que las disponibilidades y factibilidades hidro – sanitarias, ¿tienen que ser expedidas por el prestador de esos servicios? Entonces, tenemos que preguntarnos: ¿Quién es el prestador del servicio de alcantarillado que ante la ley debe responder por una urbanización que carece de ese servicio, y que Cortolima se presta para tramitarle su propia Planta de Tratamiento de Aguas Residuales?”.

Agua de mala calidad para el consumo humano

Entonces, señala que “Entre tanto, para suministrar la mísera dotación de agua que recibe a diario La Arboleda Campestre, se acude, por parte de la alcaldía, el IBAL y Cortolima, a dos prácticas, tan irresponsables y peligrosas, como las de las disponibilidades y factibilidad antes reseñadas”.

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Cuestiona VAPI que “Habilitar un suministro de agua para consumo humano, como de hecho ya se está haciendo, de una fuente, como lo es el canal de riego Nicolás Laserna, que toma agua del río Combeima, atraviesa media ciudad recibiendo todo tipo de vertimientos y que surca extensas áreas de cultivo centenariamente contaminados con todo tipo de pesticidas y plaguicidas, ¿no es un acto de absoluta temeridad e irresponsabilidad, que transita hacia el código penal?”.

Cortes de agua que perjudican a todo el mundo

Asegura VAPI que “para sostener la exigua dotación de agua que hoy se suministra a La Arboleda Campestre, se está acudiendo al expediente de racionarle inmisericordemente el suministro de agua a otros sectores de la ciudad, que tradicionalmente habían gozado de estabilidad en el suministro del vital líquido”.

Y que debido a esa situación “cada vez con más frecuencia, habitantes de vastos sectores de la ciudad como El Salado, Picaleña, Santa Ana, entre otros, se ven abocados a cerrar vías para que se les resuelva la inhumana e indolente, decisión de suspenderles el suministro de agua por días enteros”.

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Llamado a los órganos de control

Enfatiza esta veeduría que “La situación a la que la galopante corrupción ha llevado a la ciudad, parece irreversible. Solo resta llamar a los órganos de control para que no sigan guardando silencio cómplice ante tan grave situación”.

Advierte VAPI que “La Contraloría General prendió las alarmas y viene documentando la situación, por lo cual es de pleno conocimiento de la Procuraduría General y, de fuentes del mismo IBAL, se tiene conocimiento de reuniones con la Superintendencia de Servicios Públicos para tratar el tema”.

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Afirma la veeduría VAPI que “Es tan grave la situación, tan prolongado el tiempo trascurrido desde el inicio de estas prácticas y tanto el silencio y manipulación institucional sobre el asunto, como el que demuestra el alcalde de la ciudad, que no dudamos en proponer la necesidad de acudir a la Corte Penal Internacional, para que se obligue a las autoridades sanitarias, a los órganos de control, e incluso de la Superintendencia de Servicios Públicos, para que adopten medidas preventivas y correctivas de manera inmediata”.

Irregularidades en materia de urbanismo

Finalmente denuncia VAPI que “La Arboleda Campestre, no es más que una significativa muestra de las atrocidades que se vienen cometiendo con la ciudad y sus ciudadanos en materia de urbanismo”.

Señala que “para no incurrir en largas enumeraciones y en menciones aún no documentadas, basta con mencionar los casos de Alminar Samoa y Altos de Miramar, en los que igualmente, de la mano de la alcaldía y sus Secretarías de Gobierno, Planeación, Salud, IBAL, Cortolima y las Curadurías, entre otros, se vienen habilitando atropellos a los confiados e ilusionados compradores de vivienda nueva, casi todos de estratos 1,2 y 3, y de otra parte, acudiendo a soluciones “heroicas” pero igualmente lesivas a los intereses y derechos ciudadanos”.

Lo cierto es que alrededor del tema urbanístico de Ibagué se hace evidente una cadena de irregularidades a la hora de otorgar las disponibilidades hidrosanitarias. Desde el 2003 se han licenciado 18 Planes Parciales, la mayoría de ellos sin tener garantía efectiva del servicio de agua.