El más reciente informe 'Proteger Nuestra Casa Común: defensoras y defensores de la tierra y del medioambiente en Latinoamérica', patrocinado por la Unión Europea, ofrece un panorama preocupante para Colombia y el Tolima. 

Según el informe, Colombia es el país más peligroso del mundo para la defensa de la tierra y el medio ambiente. "290 de defensores y defensoras ambientales fueron asesinados en Colombia desde 2012. En el 2020, el país registró casi la tercera parte de los asesinatos en el mundo", precisa.

El informe presenta testimonios de personas y poblaciones que defienden sus derechos fundamentales: la vida, la salud y el medio ambiente ante operaciones extractivas e intereses económicos y políticos. Estos casos ilustran la lucha de comunidades por resistir actividades dañinas.

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Tienen que ver con poderosas fuerzas políticas y económicas que buscan beneficiarse del acceso desigual a la tierra y los recursos naturales. Otros factores son la estigmatización y criminalización, la falta de protección efectiva del Estado, y la profundización de las vulnerabilidades.

Asimismo, el informe tiene un capítulo dedicado a la lucha de las comunidades de Cajamarca y el Tolima, en contra de las actividades extractivistas de AngloGlod Ashanti con su proyecto La Colosa. 

En Cajamarca, Tolima, la comunidad continúa su lucha para ser escuchada y hacer valer los resultados de la consulta popular vinculante desarrollada en 2017. Allí la ciudadanía manifestó que no deseaba el proyecto minero de oro La Colosa, propiedad de la multinacional AngloGold Ashanti que lleva en exploración más de 14 años. 

"Sin embargo, en el 2018 y 2019, la Corte Constitucional emitió tres fallos para impedir que las actividades mineras fueran sometidas a consultas populares y esto ha afectado el cumplimiento de la consulta en Cajamarca", indica el informe. 

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Por lo tanto, pese a la que la ciudadanía se pronunció en las urnas, a que el proyecto se traslapa con áreas delimitadas de páramos y a los riesgos que supone frente al recurso hídrico de la cuenca mayor del río Coello, La Colosa sigue siendo una amenaza. 

"Los defensores y defensoras de este territorio han denunciado amenazas de muerte y otras agresiones en varias oportunidades, las cuales están documentadas y las autoridades no han tomado cartas en el asunto", asevera el informe. 

El informe destaca cómo, ante la falta de garantías por parte del Estado y las empresas, y a pesar de este ambiente cada vez más hostil, las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos desarrollan importantes acciones de resistencia contra estos ataques. 

“Con la consulta popular, más del 99 % de los habitantes de Cajamarca dijeron No a la actividad y los proyectos mineros en el municipio (...) El proceso inspiró seis consultas populares más en otras partes del país. Iniciamos un proceso para implementar la decisión soberana de la consulta popular y defenderla de los embates de la empresa minera como del Gobierno Nacional", acota Robinson Mejía, defensor de derechos humanos. 

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En el Tolima, como parte de esta estrategia, el Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial SIEMBRA, socio de CAFOD, han pedido una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para abordar la necesidad de contar con mecanismos efectivos de participación ciudadana en temas relacionados con la minería.

El informe será presentando en los próximos días en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se llevará a cabo en Glasgow, Irlanda.