En diálogo con El Cronista.co el abogado ibaguereño Luis Felipe Aranzalez reveló la estrategia que están utilizando en la Alcaldía de Ibagué, sus entes descentralizados y otras entidades a cargo del 'barretismo', para direccionar las licitaciones públicas a favor de determinados contratistas. 

"Encontramos un parámetro único en la contratación del IBAL, que se ha tenido desde el gobierno de Óscar Barreto, y que se ha extendido, incluso, a los municipios del Tolima donde tiene posibilidades de gobierno el 'barretismo'. Lo encontramos en Cortolima, en la Gestora Urbana, en la Alcaldía de Ibagué: es el factor de puntaje más importante: la programación de obra", señaló el abogado. 

De acuerdo con Aranzalez, la programación de obra, por diversos motivos, es el elemento fundamental que le está permitiendo al 'barretismo' direccionar las licitaciones públicas. "Las programaciones de obra tienen un costo de $5 millones hacia arriba y, además, para poderla realizar las personas que se dedican a eso se demoran por lo menos un mes", detalló. 

Adicional a eso, el abogado aseguró que la programación de obra ni siquiera es un requisito que se deba exigir en la etapa precontractual. "Exigirle ese elemento al contratista, cuando apenas se tiene una expectativa, además de ser ilegal, es irrisorio, inutil y únicamente sirve como un parámetro para limitar la participación de proponentes", explicó. 

En ese sentido, enfatizó en que las programaciones de obra, bajo el régimen de contratación pública, es decir, de Colombia Compra Eficiente, no son obligatorias en los inicios de procesos contractuales. "Claramente le dicen a los ordenadores del gasto, entidades municipales o departamentales sometidas a la Ley 80, que se abstengan de ponderar o exigir en fase de presentación de propuestas, las programaciones de obra o cronogramas de obras que utilizan bajo ese misma modalidad", aseguró. 

• (Puede leer: Los cuatro concejales que 'pondrán contra las cuerdas' la administración de Hurtado)

Juan Felipe Aranzalez citó el ejemplo concreto del IBAL que, en dos de sus seis licitaciones más importantes, solo ha contado con cuatro proponentes. "De esos cuatro proponentes, solo uno tiene puntaje total por programación de obra. En los cuatro procesos restantes, solo se ha presentado un participante. Son procesos del IBAL que van desde los $700 millones a los $4.000 millones", acotó. 

Si bien al IBAL no le aplica la Ley 80, que es la de contratación pública, sí debe responder a los principios de dicho régimen, como lo son los de transparencia, objetividad, publicidad, entre otros. "Pueden modificar tiempos o términos, pero tienen que permitir la pluralidad e igualidad entre los participantes", apuntó. 

"Aquí evidentemente hay un direccionamiento. No tengo temor a decirlo. El direccionamiento es tan marcado, que participa un solo proponente. No se puede decir todavía a quién estaba direccionado, pero sí que son procesos limitados, que quiebran los principios de la contratación pública", añadió en referencia a los contratos entregados por parte del IBAL.

El abogado Aranzalez se refirió a la licitación del complejo de raquetas que se construirá en el Parque Deportivo, que también exije la programación de obra. Por lo cual, se presume un direccionamiento en dicha licitación que asciende a los $8.000 millones. 

"Es muy difícil que un proponente del Tolima, con las dificultades económicas que tenemos, pretenda invertir más de $5 millones, bajo una mera expectativa, en un gobierno que, además, tiene fama de corrupción (...) Son contrataciones muy rápidas. Las sacan en tiempo récord, precisamente para que no se alcancen a presentar las programaciones. Por otro lado, tiene tantos procedimientos internos ese documento, que por cualquier error se termina perdiendo puntaje", agregó. 

Juan Felipe Aranzalez afirmó que el panorama actual que se vive en la contratación pública en el Tolima, se había advertido desde meses atrás. "En el corrillo de los ingenieros ya se había dicho que toda la contratación importante de este gobierno iba a tener ese elemento de la programación de la obra, que iba a ser el parámetro diferenciador con el cual se iban a ganar todos los procesos", dijo. 

Los mismo ocurre en Alcaldías como la de Falan, según el. 

• (Lea también: "Vacas muertas atravesadas en la vía": así se refirió el alcalde Hurtado hacia la oposición)

¿Quién es el abogado?

Luis Felipe Aranzalez es abogado graduado de la Universidad de Ibagué; especialista en Derecho Público; magister en Responsabilidad Contractual Civil y del Estado. Adicional a eso, es director de la firma de abogados 'Aranzalez y Compañía'. 

"No tengo ninguna afinidad política, no tengo compromisos políticos. No respondo a banderas ni colores. Por eso puedo garantizar objetividad en mis opiniones", concluyó. 

Aranzalez ha sido noticia anteriormente por criticar la contratación estatal en la administración de Guillermo Alfonso Jaramillo o instaurar una demanda por nulidad en contra del expersonero de Ibagué, Wilson Prada, afin al barretismo.