La Superintendencia de Industria y Comercio formuló cargos a la Dimayor y 16 clubes del fútbol profesional colombiano, por presuntos abusos laborales en el manejo de jugadores.

Los clubes investigados y la Dimayor habrían impedido, de manera ilegal, la transacción de al menos 16 jugadores entre el año 2018 y lo corrido del 2021.

⚠️Atención⚠️
La #SIC formula pliego de cargos en contra de la @Dimayor y 16 equipos de fútbol profesional colombiano por presuntos actos anticompetitivos que habrían impedido la transacción de al menos 16 jugadores entre 2018 y 2021.
Los detalles⬇️ pic.twitter.com/8hRbvpUYCk

— Superintendencia de Industria y Comercio 🇨🇴 (@sicsuper) November 29, 2021

Entre los 16 clubes se encuentra el Deportes Tolima, actual campeón del futbol colombiano. También, hacen parte de la lista  Cúcuta Deportivo; Talento Dorado; Boyacá Chico; Unión Magdalena; Deportivo Pasto; Envigado FC; Once Caldas; Tigres FC; Deportes Quindío; Equidad Seguros; Atlético FC; Fotaleza FC; Leones SA; Real Santander; Alianza Petrolera.

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Además, la Superintendencia también formuló pliego de cargos a 20 personas naturales vinculadas con los clubes investigados; con el fin de determinar si habrían permitido la colaboración, facilitación, autorización o ejecución de las conductas investigadas. Entre las personas investigadas se halla Gabriel Camargo Salamanca, presidente del Deportes Tolima.

La investigación se inició después que la Superintendencia recibiera una queja presentada por la Asociación Colombiana de Fútbol, Acolfutpro, representada por el abogado Jairo Rubio Escobar. De acuerdo con el caso, 10 de los clubes investigados habrían enviado comunicaciones a otros clubes con el fin de impedir la transacción de los derechos deportivos de al menos 16 jugadores, entre el año 2018 y lo corrido del 2021.

Asimismo, la Superintendencia identificó comunicaciones emitidas por los clubes investigados, en las que se manifiesta su aprobación frente a un listado de jugadores vetados con los que se restringe la negociación de sus derechos deportivos, lo cual constituiría un acuerdo anticompetitivo entre los clubes por la adquisición de estos derechos.

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"La Asociación se quejó señalando que se estaba restringiendo la posibilidad de los jugadores de negociar su contrato, que se estaba restringiendo el mercado, y de una lista negra donde si los jugadores quieren terminar su contrato, los vetan para poder buscar otro equipo o quedan como rehenes del club", dijo en Noticias Caracol el superintendente Andrés Barreto.

En este caso la Superintendencia podrá imponer multas hasta de 100.000 salarios mínimos vigentes, por cada infracción al régimen de libre competencia, y de hasta 2.000 salarios por cada infracción a quienes colaboren, faciliten, autoricen, ejecuten o toleren las conductas anticompetitivas.