Por: Luis Orlando Avila Hernandez

Tolimenses en posiciones de gobierno, en especial en el sector agropecuario, se han tenido desde los tiempos del primer Frente Nacional.

¿Y para qué ha servido esto al conjunto de la sociedad en el Tolima?

Fuera de observar silentemente, desde entonces, cómo las familias de aquellos y aquellas dignatarios, junto a la de sus mayordomos o políticos en crianza, se rotan los privilegios y beneficios lactando al estado: no ha servido para nada.

Prueba de ello: el índice Gini en casi dos décadas en el departamento (con sus dignatarios tolimenses en el gobierno nacional o sus mayordomos o políticos en crianza), apenas varió en centésimas: 0,032 entre 2002 a 2016) (Pobreza Monetaria en el Tolima, DANE, 2016)

¿Más pruebas?: un Triángulo del Tolima con 20 años sin concluir sumado a una creciente “voluntaria” compra de tierras campesinas aledañas a manos de ignotos empresarios antioqueños y santandereanos; o unos gremios del sector en el Tolima, que como en el caso del cafetero (con ministro y directivos en el Banco de la República), hacen su clímax de exclusión con su pomposa fortaleza en tierras compradas a los plutócratas de la meseta, donde los pequeños caficultores deben pensarlo y financiarse dos veces, antes que les abran sus puertas. O como en el arrocero, que ha permitido impunemente el oligopolio de las contadas familias molineras, en desmedro de los pequeños y medianos arroceros, quienes son los que dan empleo rural.  

La llegada del agrónomo Francisco Mejía formado en la universidad pública, consentido de este legado de exclusión y de contención del statu quo de la plutocracia tolimense, a la junta del Banco Agrario, bajos sus constantes aseveraciones públicas solo compatibles al “Estado de opinión”, base ideológica de su partido CD, despierta más dudas que regocijo (Roy, el escéptico, columna de opinión de Francisco Mejía, copolitica.co, septiembre/2013).

Antiguo militante del Nuevo Liberalismo ibaguereño en los 80 junto al médico Augusto Leyva Samper, luego como funcionario del CEGA, patronal intelectual de los grandes ganaderos colombianos, trastoca en mentor ideológico regional de la acunada derecha liberal conservadora tolimense de los 90, convergente de lo que hoy es el Centro Democrático.

Con ese currículo llega para decidir, principalmente, a quien se le agilizará los recursos del estado en subsidios agropecuarios.

La historia del Banco Agrario, antigua Caja Agraria nacida de un gobierno conservador durante el primer Frente Nacional, no ha sido ajena al escándalo que van desde, por décadas, su exclusivo servicio financiero a los más ricos de Colombia (Navelena, Banco Agrario y Odebrecht, elheraldo.com, enero 19/2017) a costa del conveniente e inamovible Gini, hasta verdaderos fortines de criminales robándose lo que por hipotética ley le corresponde a los campesinos más pobres (Captura de funcionarios, elespectador.com, junio 7/2018)   

Con el beneficio de la duda sobre la gestión del agrónomo Mejía (al cual, asombrosamente, su casa editorial donde funge como columnista, tan solo le otorgó una pequeña mención en su portada de la edición impresa, haciendo énfasis en la voluntad del ministro mas no del Presidente Duque, a sabiendas que el uribismo le debe a Mejía parte de su expansión en el Tolima – Ministro Valencia designó a Francisco Mejía como presidente del Banco Agrario, elnuevodia.com, agosto 25/2018), restará y bastará con que el nuevo Presidente de la Junta, sanee enfrentando el prontuario criminal de corrupción por hechos y decisiones tomadas en esta entidad en lo regional y en lo nacional, con los dineros que deberían ser para los agricultores más pobres, o por lo menos contribuir a disminuir el coeficiente Gini no en centésimas sino en décimas en los cuatro años de su “Estado de Opinión”, que deberemos soportar los tolimenses pobres y ricos.