Por Felipe Alejandro González S.

Abogado

*Magister en Derechos Humanos y Democracia

Magister en Gobierno y Relaciones Internacionales

La ciudadanía no percibe la aplicación de una norma jurídica, siente sobre sí un procedimiento criminal. Todo ocurre bajo el factor sorpresa: se detecta la presa, despliegan las cadenas, los operarios se abalanzan entre raudos y clandestinos sobre los vehículos, se siente adrenalina en el ambiente.  A la inmovilización de un vehículo muchas veces la acompaña la agresividad de los operarios de las grúas y la absoluta intransigencia de funcionarios de tránsito.

No hace falta ser abogado para percatarse de que algo no está bien con el procedimiento. Aplicar la ley no implica actuaciones arbitrarias a merced de privados, que lesionen los bienes de los ciudadanos, alejados de mecanismos de veeduría y supervisión.

El funcionamiento de las grúas ha institucionalizado la degradación de un procedimiento, normalizó la instrumentalización de una norma para engrandecer el negocio de unos pocos. El levantamiento de vehículos por parte de las grúas es muy poco lo que aporta a la movilidad y mucho lo que afecta al ciudadano trabajador y sus derechos, enriquece las arcas de empresarios intermediarios que ganan millonadas sin que la movilidad y la cultura vial mejoren.

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Recientemente, el Concejo de Bogotá puso el lente sobre la operación de las grúas, sus intermediarios y los verdaderos intereses de privados en la aplicación de las normas que permiten este tipo de operación. Los hallazgos fueron los esperados, las permanentes denuncias de la ciudadanía terminaron siendo ciertas: el levantamiento de vehículos por parte de las grúas genera más utilidades para los intermediarios privados que para el Estado; no aportan significativamente a la movilidad ni a la pedagogía; lesiona los bienes de los ciudadanos y no existen mecanismos idóneos para elevar reclamaciones o solicitar garantías por los daños causados.

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De la aplicación de la ley en general, se contempla una coherencia entre la lógica, razón y realidad; su aplicación debe perseguir una finalidad cumplible, estar en armonía con los derechos ciudadanos y respetar la jerarquía normativa que encabeza la constitución. No se puede cumplir la ley por medio de actuaciones ilegales, ilegítimas, que sólo benefician los intereses particulares de unos pocos empresarios de las grúas en contravía del interés general que debería primar.

La problemática lleva años. Se viene denunciando la existencia de una mafia detrás de grúas y “patios”, que como toda organización criminal, mueve los hilos políticos para seguir generando lucro impunemente. La regulación del cuerpo normativo de tránsito y movilidad en el país, debe atender los principios de la lógica jurídica, perseguir la verdadera finalidad que se propone la norma, realizar los procedimientos con dignidad y transparencia.

La situación amerita seguir alzando la voz en defensa de los derechos del ciudadano trabajador, exhortar a las corporaciones municipales y departamentales a hacer control político sobre el tema, a atender el clamor ciudadano que desde hace años padece el manto criminal en la operación de grúas y patios.